l pasado 24 de septiembre el pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió una sentencia final contra Minera San Xavier, de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, que dejó sin efectos la autorización condicionada que el 10 de abril de 2006 había emitido la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) incumpliendo una resolución previa dictada por el mismo órgano jurisdiccional el 5 de octubre de 2005.

Hace unas semanas la Semarnat notificó a la empresa la resolución definitiva, pero en tardío cumplimiento de la resolución del tribunal revocó el permiso a Minera San Xavier el día 17 de noviembre. En brutal desacato a las leyes mexicanas y con la posible connivencia de autoridades federales y locales, la compañía prosiguió sus labores de explotación.

El día 14 de diciembre la firma anunció que había obtenido un amparo del juzgado primero de distrito, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, en contra de la suspensión parcial de operaciones de la minera. Esta protección legal la autoriza a continuar tanto los procesos de extracción con explosiones a cielo abierto como los más peligrosos y dañinos de lixiviación de oro y plata. En el colmo del cinismo empresarial y político de México, poco después de que el gobierno federal arrojó a la calle a más de 41 mil trabajadores directos de Luz y Fuerza del Centro, Robert Gallagher, presidente de la compañía canadiense New Gold, señaló que el juzgado primero de distrito concedió el amparo a Minera San Xavier para no afectar a más de 500 empleados directos y mil 500 indirectos en Cerro de San Pedro.

Desde el inicio de sus acciones, la minera ha ido mostrando su nulo respeto por las leyes del país y se ha valido de numerosos recursos ilegales, violentos muchos de ellos, para avanzar en sus proyectos de explotación minera y de envenenamiento de mantos acuíferos y del ecosistema del valle de San Luis. Procedió a comprar, por ejemplo, terrenos municipales y fincas abandonadas en la cabecera municipal de Cerro de San Pedro mediante contratos al margen de la ley o mediante la firma de un contrato de arrendamiento de tierras del ejido de Cerro de San Pedro con falsos ejidatarios, el cual fue anulado en su momento, y en vano, por resolutivos tanto del tribunal agrario como del segundo tribunal colegiado del noveno circuito.

Con este falso contrato, desde 2004 Minera San Xavier tomó posesión de las tierras y realizó trabajos sobre inmuebles antiguos con autorización del INAH, además de trabajos de reubicación de flora protegida, que causaron la destrucción y muerte, por el descuido con que se procedió, de cientos de cactáceas en peligro de extinción, representando todo ello una pérdida irreparable al ecosistema.

Además cerró caminos vecinales que durante 400 años fueron utilizados por los pobladores de las comunidades de la Zapatilla, Cuesta de Campa, Portezuelo y Cerro de San Pedro, sin haber tramitado y obtenido los permisos necesarios. También invadió terrenos propiedad de la nación, pertenecientes a la antigua vía del ferrocarril Potosí-Río Verde, ramal San Pedro. Instaló, igualmente, una cerca ciclónica de varios kilómetros de longitud que envuelve el poblado por los lados norte, oriente y poniente, impidiendo el paso a pobladores, visitantes y ejidatarios a áreas que en verdad siguen siendo municipales.

Hace tiempo comenté en las páginas de La Jornada que un regidor del cabildo de Cerro de San Pedro expuso ante el juez segundo de distrito, en el estado de San Luis Potosí, que en una sesión de cabildo, celebrada la tarde del 7 de agosto de 2004, el presidente municipal intentó pasar por encima del juicio de amparo 564/2004, con el fin de autorizar las tareas de operación de la minera. El regidor entregó al juzgado una grabación de audio de la sesión con su transcripción estenográfica; en ella el presidente municipal se declara presionado por el presidente Vicente Fox y por el gobernador del estado.

El futuro de Cerro de San Pedro y de los habitantes del valle de San Luis no es un caso aislado en México. Procesos semejantes, conflictos similares, despojos y desaparición inminente de comunidades y poblados, están teniendo lugar en otras zonas de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Chihuahua. Mientras Canadá exige requisitos increíbles para el visado de mexicanos, las empresas de ese país deciden por sí mismas qué aceptar o no de las leyes mexicanas. ¿No hay una autoridad federal o estatal que, con estos antecedentes legales, ponga un alto a esa empresa rebelde y dañina?