La calificadora Standard and Poor’s Ratings Services redujo un nivel el grado de calificación de la deuda soberana de México por considerar que los desafíos fiscales del país persistirán durante los siguientes años y porque se están reduciendo las posibilidades de que el país implemente una reforma fiscal sustancial u otras medidas para reforzar el crecimiento del PIB (producto interno bruto) en la segunda mitad de la administración del presidente Felipe Calderón.

Ésta es la segunda de las tres calificadoras más influyentes en el mundo que rebaja la calificación de riesgo de la deuda soberana de México. Apenas el pasado 23 de noviembre Fitch Ratings también degradó su indicador.

Ahora, Standard and Poor’s ubicó la deuda de México en moneda extranjera a largo plazo en su escala BBB, y ya no BBB+, mientras a la de corto plazo se asignó el nivel A-3; era A-2. Para la deuda en moneda local la calificación pasó de A+ a A a largo plazo, y confirmó la de A-1 para la de corto plazo.

Aunque la calificadora consideró estable la perspectiva, fue crítica al señalar la incapacidad para aumentar de manera sustancial la base tributaria y la baja posibilidad de que ocurra una importante reforma fiscal en los siguientes años. Esto, precisó, ubica al país más en línea con la nueva categoría asignada.

Al respecto, la Secretaría de Hacienda manifestó que toma nota de las razones que llevaron a la agencia Standard and Poor’s a degradar el nivel de la calificación soberana, y aunque dijo que ratifica su compromiso para seguir avanzando en la atención de las debilidades estructurales señaladas por la agencia calificadora, consideró que el nivel asignado al país se encuentra por arriba del grado de inversión.

Como muestra de tal compromiso la dependencia hizo referencia a dos llamadas reformas fiscales que se prevé generen un incremento en los ingresos tributarios no petroleros de tres puntos del PIB al cierre de esta administración; también mencionó un esfuerzo significativo en la recomposición del gasto y la rendición de cuentas en su ejercicio, privilegiando la inversión social y en infraestructura y reduciendo el gasto administrativo.

Asimismo, la SHCP recordó que la solvencia a largo plazo de los sistemas de pensiones de los trabajadores del sector público a través de las reformas impulsadas en esta administración reducen en aproximadamente 30 por ciento del PIB los pasivos pensionarios del país, y destacó la intensificación del proceso de reformas para incrementar la competitividad y el crecimiento.

Con un nuevo titular al mando de Hacienda, se observa un cambio en el tono de la reacción ante la baja de calificación. En esta ocasión la dependencia utilizó un lenguaje más mesurado que el del pasado 23 de octubre, cuando dio respuesta a la baja aplicada por Fitchs Ratings. Ahora se refirió al compromiso con el fortalecimiento de la economía mexicana y de las finanzas públicas del país.

Sin embargo, el discurso oficial parece no impresionar a la calificadora. A pesar de las voces que debaten sobre la posibilidad de una reforma fiscal más sustancial, afirmó que el debate presupuestal de 2010 casi fracasó; que el capital político de la administración de Felipe Calderón se está volviendo cada vez más limitado para aprobar alguna reforma controvertida en la segunda mitad de su mandato, ya sea la fiscal o petrolera y que, además, las elecciones de gobernadores en 11 estados durante 2010 presionan los tiempos para una potencial discusión al respecto hasta el segundo semestre del año próximo, y para entonces ya estarán en marcha los manejos políticos y maniobras entre los potenciales candidatos y participantes en la elección presidencial de 2012.

Vulnerabilidad fiscal y caída en ingresos petroleros

El reporte sobre la calificación mexicana está fechado en Nueva York por los analistas Lisa M. Schineller y Joydeep Mukherji, quienes fundamentaron su decisión tras una evaluación de las acciones recientes llevadas a cabo en México para incrementar sus ingresos no petroleros y mejorar las eficiencias de la economía.

Probablemente serán insuficientes para compensar el debilitamiento de su perfil fiscal. Dicho debilitamiento se deriva de una combinación de modestas perspectivas de crecimiento del PIB aunadas a una menor producción petrolera durante los siguientes años. Las medidas sobre los ingresos aprobadas en el presupuesto de 2010 deberían ocuparse de las preocupaciones inmediatas sobre la vulnerabilidad fiscal relacionada con los volátiles ingresos petroleros. Sin embargo, la incapacidad para aumentar de manera sustancial la base tributaria y la baja posibilidad de que ocurra una importante reforma fiscal en los siguientes años sugieren que el perfil de deuda de México se mantendrá más en línea con los soberanos calificados en la categoría de BBB, puntualizan los analistas.

Además hacen referencia a un hecho que las autoridades hacendarias mexicanas afirman tener bajo control: la deuda neta del gobierno de México se ha incrementado recientemente y se proyecta que se mantendrá en alrededor de 34 por ciento del PIB durante 2009-2011. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Hacienda, la deuda interna neta del gobierno federal a octubre pasado se ubicó en 2 billones 504 mil 731.6 millones de pesos, en tanto la externa asciende a 42 mil 132.1 millones de dólares.

Para la calificadora, además, las perspectivas de crecimiento del PIB durante los próximos años permanecerán en niveles moderados de 3 a 4 por ciento, limitando la mejora de la dinámica fiscal. Pese a las ganancias en eficiencia asociadas con el cierre de Luz y Fuerza del Centro, la nueva gestión de sus activos, y las próximas concesiones de telecomunicaciones, consideramos que los fuertes vínculos del país con la economía estadunidense limitarán sus perspectivas de crecimiento dadas nuestras expectativas de un crecimiento reducido en Estados Unidos, señala el reporte.

Por si fuera poco, los analistas indican en su reporte que los ingresos gubernamentales (22 por ciento del PIB) se encuentran muy alejados del nivel de 35 por ciento que se registra en otros países con el mismo grado de calificación, y que el gobierno ha mostrado incapacidad para ampliar su base tributaria y resolver lagunas y exenciones en el régimen fiscal.