a decisión de la JFCA, anunciada por el secretario patronal y de desprotección social, de declarar nulo el proceso electoral del Sindicato Mexicano de Electricistas, así como determinar improcedente la remoción de tres ex miembros de la dirección del SME, que, traicionando al gremio, se prestaron al plan de Calderón, avalando la extinción de Luz y Fuerza del Centro y el despido injustificado de más de 43 mil trabajadores electricistas, no son más que actos desesperados de un gobierno que violó la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, el contrato colectivo de trabajo entre LFC y SME, y que apostó y sigue apostando a una salida represiva y/o al alargamiento del conflicto.

Por supuesto, el SME impugnará esta aberrante decisión de la JFCA, que demuestra que las instancias de impartición de justicia laboral en México están al servicio de los patrones. Sus dichos de que hubo violaciones a los estatutos del SME carecen de razón, pues el proceso de elección de todos los representantes del SME, incluidos los cargos del comité central y comisiones autónomas, está fundado en un procedimiento abierto, transparente, democrático, sujeto al acuerdo de las partes contendientes y basado en el voto universal, secreto y directo de todos sus trabajadores y jubilados. Quien viola la ley y pisotea los estatutos del SME es el gobierno de Calderón. Sus crecientes violaciones a la autonomía y libertad sindical y al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo son ya un escándalo a escala internacional. Basta recordar la protección e impunidad que Calderón brinda a las direcciones sindicales charras del magisterio y petroleros y las infamias cometidas en contra de la dirección nacional del sindicato minero y las tres huelgas históricas de Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero.

Calderón y su secretario patronal saben bien que en el terreno jurídico están derrotados. Violaron la Constitución, pese a que la mayoría de los senadores y diputados aceptaron que pisotearan sus facultades constitucionales; pero también violentaron el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, que establece la exclusividad de la nación en la prestación del servicio público de energía eléctrica, y al extinguir LFC quebrantaron este mandato, cuando lo procedente pudo ser un proceso de restructuración o de fusión. Violaron la propia Ley Federal de Entidades Paraestatales, que pese a ser una ley proclive a la privatización, establece que en cualquier proceso de desincorporación se seguirá el mismo procedimiento que dio origen a la creación de un organismo público. Violaron la Ley Federal del Trabajo y el contrato colectivo de trabajo firmado por el SME y los representantes del gobierno federal, al incumplir el debido proceso en cualquier conflicto de orden económico y dar por concluida la relación colectiva e individual de trabajo, despidiendo injustificadamente a miles de trabajadores electricistas.

Violaron el derecho a la información de los mexicanos, pues al clasificar como reservados dos documentos que enviaron a la Cámara de Diputados, con los que pretendieron justificar la extinción de LFC, tratan de ocultar que el golpe fascista en contra del SME carece de sustento, como no sea la intención de montar una provocación que genere disturbios sociales, provoque ataques al sistema eléctrico nacional y dé paso a la represión abierta y/o selectiva en contra del SME y el encarcelamiento de sus dirigentes.

También buscaron ocultar a la opinión pública que desde los primeros minutos del domingo 11 de octubre, mientras la PFP y el Ejército, desde horas antes asaltaban las instalaciones de LFC, el gobierno, a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), firmó un convenio para transferir todas las propiedades, bienes, activos de LFC a CFE. Este convenio se mantuvo oculto, por obvias y evidentes razones, pues a la letra configura lo que en el artículo 41 de la LFT se conoce como patrón sustituto. Sin embargo, como parte de la información requerida ante el amparo indirecto promovido por el SME, tuvieron que presentarlo ante el juzgado respectivo. Y ahora, con un lenguaje que les envidiaría la Chimoltrufia, buscan negar (sí pero no, no pero sí) que exista el patrón sustituto.

Si en esta ocasión se respeta la ley, se tendrá que declarar procedente el amparo y la demanda presentados por el SME. Las partes tendrán que ser convocadas a sentarse a dialogar y a buscar una salida al conflicto. El gobierno tendrá que demostrar que existe una razón de orden económico mayor atribuible, según ellos, al SME, a su contrato colectivo de trabajo y a los salarios y prestaciones de los trabajadores y jubilados electricistas, como infamemente señalan los documentos secretos de Calderón. Y por supuesto en esta mesa de negociación quieren a los traidores para que, llegado el momento, avalen nuevamente las propuestas de Calderón: primero liquídense y después negociamos. Eso está por verse.