Diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Convergencia consideraron urgente reglamentar la figura del testigo protegido en el país, y definir con claridad el límite en el que los jueces pueden aceptar sus declaraciones como prueba plena de la comisión de un delito, mientras el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, rehusó ayer pronunciarse sobre las críticas que han surgido contra el programa respectivo, el cual ha perdido en menos de un mes a dos ex delincuentes colaboradores de la autoridad ministerial.

Tanto el programa (de testigos protegidos) como su operación lo tiene la Procuraduría General de la República (PGR). Nosotros estamos para sumarnos al esfuerzo que nos corresponde, nada más, señaló el funcionario en conferencia de prensa, acompañado del secretario general de Interpol, Ronald K. Noble.

Luego del asesinato del ex sub procurador de Tlaxcala, Édgar Enrique Bayardo del Villar, quien era testigo protegido de la PGR, legisladores plantearon que el gobierno de Felipe Calderón debe enviar una iniciativa para regular ese mecanismo y evitar que personajes vinculados a la delincuencia organizada lo utilicen para entregar información a cambio de impunidad.

El priísta Alfonso Navarrete Prida, presidente de la Comisión de Justicia y ex procurador del estado de México, afirmó que la figura del testigo protegido no debe ser decorativa, sino que sirva a un proceso penal. Debe incluirse el cambio de identidad, los lugares donde debe estar resguardado quien se acoja a ese privilegio, y perfeccionar el valor de la prueba.

En este caso, dijo, puede incluirse la confesional divisible, sobre la cual existen criterios jurisprudenciales para que un juzgador pueda determinar qué confesiones de un presunto delincuente tienen peso probatorio, y quiénes sólo pretenden eludir una responsabilidad penal.

Navarrete Prida evaluó que es importante que el Ministerio Público Federal cuente con testigos protegidos como parte del combate a la delincuencia organizada. Lo que está muy mal es el abuso de este método, que trate de torcer una averiguación previa, expresó.

Rubén Moreira Valdés, del PRI, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, declaró que los testigos protegidos no forman parte de una cultura de investigación mexicana, y que por lo tanto debe revisarse. Lo lamentable es que maten a un testigo protegido. Si están en esa situación, que por lo menos los protejan, ironizó.

Resaltó que reglamentar esta figura permitiría evitar que los presuntos delincuentes busquen no purgar una pena, y lo consigan mientras entreguen información a la policía.

El presidente de la Comisión de Marina, Alejandro Gertz Manero, de Convergencia, cuestionó que el asesinato de Bayardo del Villar fuera posible por una filtración de información. Se encontraba en un limbo legal. Podía entrar y salir de la procuraduría, y hubo una falla de control en la seguridad de esta persona que le causó la muerte, aseguró.