lavado el puñal fiscal en la espalda de los mexicanos (que paguen más impuestos en 2010, con la garantía de que a cambio no recibirán nada, como empleo, poder adquisitivo, crecimiento, estabilidad, etcétera), de inmediato la creativa clase política nacional repitió el coro: porque se agota el petróleo, urge una reforma fiscal integral que de una buena vez erradique la dependencia de las finanzas públicas sobre los ingresos del oro negro.

El cántico, como es tradición, sólo se escuchó unos cuantos días. Controlado el escándalo y la indignación social por la nueva puñalada fiscal, la clase política retomó la temática tradicional y asunto resuelto. El problema es que aunque no hable del tema, aunque no cante, la dependencia fiscal de los recursos petroleros no sólo es real, sino creciente, por lo que tarde que temprano tendrá que agarrar el toro por los cuernos, a menos que prefiera gozar de los placeres que implica que el astado sea quien resulte vencedor del encuentro.

Los causantes cautivos no pueden ser los pagadores permanentes de la fiesta, por ser una clase en extinción. ¿Qué hará la clase política cuando el último de los cautivos obligadamente decida por una de las tres alternativas que le ofrecen los genios tecnocráticos que dicen gobernar el país? (informalidad, emigración o desempleo). A quién exprimirá?, porque, con envidiable pasividad gubernamental, el petróleo también va a la baja. Desde luego que este tema es una nimiedad comparado con la importancia estratégica y la trascendencia nacional del caso Juanito, pero tal vez sea correcto resolverlo de una buena vez.

En vía de mientras, va un paseo por el asunto de la dependencia de las finanzas públicas sobre los recursos petroleros, cortesía de la Cámara de Diputados: a pesar de que la explotación del recurso en México se remonta a los primeros años del siglo pasado, el auge de la actividad petrolera se ubica a partir de 1977, cuando las reservas y la explotación se incrementaron significativamente. El sector petrolero empujó a la economía nacional a un proceso de expansión, observándose tasas de crecimiento impresionantes entre 1978 y 1981 (8.6 por ciento en promedio para la economía en conjunto).

No obstante, estas tasas tan elevadas no mostraban que el crecimiento económico nacional se desarrollaba con marcadas desigualdades sectoriales, lo que acarrearía importantes consecuencias sociales y económicas en el futuro del país. Por ejemplo, en el auge petrolero de 1977-1981 la participación del sector en el PIB pasó de 3.9 a 6.4 por ciento, alcanzando 13.1 por ciento en 1983, en tanto, la industria y la agricultura comenzaron a retroceder. De 1977 y 1981 la participación de la industria manufacturera pasó de 23.1 a 22.9 por ciento y la agricultura de 10.1 a 8.7 por ciento. De 1975 a 1983 los ingresos fiscales petroleros pasaron de 6.8 a 36.3 por ciento del total de los ingresos del gobierno federal; de 6.1 a 12.1 por ciento de la inversión total en la economía; de 13.9 a 28.6 por ciento de la inversión pública total; de 4.8 a 77.6 por ciento de las exportaciones de mercancías, y de 6.7 a 56.6 por ciento de la cuenta corriente.

Los hallazgos de yacimientos petroleros generaron un desarrollo desigual entre los sectores integrantes de la economía, pero el problema se concentró en las finanzas públicas. Un rasgo deseable en las características de las finanzas públicas de un país es concentrar la recepción de sus ingresos en fuentes tributarias estables y regulares, teniendo como opción el uso excepcional y selectivo de fuentes no regulares, como puede ser la contratación de deuda o la venta de activos nacionales. En México, al presentarse el auge petrolero, resultó atractivo fincar la fortaleza de la hacienda federal en la tributación del sector más dinámico, por lo que se obtuvieron ingresos públicos importantes. Esta coyuntura excepcional al paso de las décadas se convirtió en el principal problema estructural de las finanzas públicas mexicanas.

Durante años la asunción de la carga política por la estrategia de consolidación de la hacienda federal sobre nuevos impuestos regulares o la expansión de la base gravable de los existentes, fue postergada y la política fiscal siempre se decantó por gravar la actividad petrolera, aún con la conciencia de que se creaba un problema de dependencia de un recursos finito, cuyo límite de agotamiento rebasaba el ámbito de toma decisiones de los responsables de la política mexicana en ese momento.

En el caso de México, lo que generó el auge de la explotación del activo petrolero fue un problema estructural en las finanzas públicas. En 2009 el grado de dependencia que tenían los ingresos presupuestarios de los ingresos petroleros del gobierno federal era de 31 por ciento, manteniéndose en la última década en 33.7 por ciento en promedio, con picos por arriba de éste entre 2004 a 2008, periodo que coincide con los años en que el precio se mantuvo en sus máximos históricos, elemento que indica que el problema de la dependencia tiende a agravarse en las bonanzas petroleras. En efecto, a mayor entrada de flujos tributarios del petróleo, el gobierno mexicano les da un tratamiento de fuente regular de recursos públicos en los presupuestos públicos de la nación, desplazando el momento para sustituir este tipo de ingresos por ingresos tributarios.

La petrolización no se limita a las finanzas públicas federales. La baja recaudación en las entidades federativas es el complemento que agrava el problema, pues la dependencia sólo puede entenderse por la escasa capacidad recaudatoria de los estados y municipios. En 2007, la suma de los impuestos federales, estatales y municipales fue de 11.8 por ciento del PIB, con una recaudación de sólo 0.29 por ciento por parte de los estados y de 0.28 por ciento por los municipios. Las entidades federativas tienen la misma capacidad recaudatoria que los municipios, lo que indica la debilidad estructural de ambos órdenes de gobierno. Los recursos transferidos a los estados de la República, vía el gasto federalizado, componen 92 por ciento de los ingresos totales de las entidades federativas y esto ha generado un problema de alta participación de los ingresos provenientes de la Federación, los que a su vez dependen en grado sumo del petróleo.

Las rebanadas del pastel

El tipo de cambio peso-dólar desciende misteriosamente. Nadie ofrece una versión creíble, pero siempre aparece un especialista que resuelve los casos complicados: la baja del peso frente al dólar en las últimas semanas fundamentalmente se ha debido a que los mercados perciben que se están perdiendo oportunidades para invertir en un país más competitivo (Felipe Calderón, secretario de Energía, 15 de diciembre de 2003).

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