El reto del Gobierno del Distrito Federal (GDF) es cerrar la brecha entre lo que se le exige, demanda y pide a los policías y lo que éstos reciben a cambio, afirmó el mandatario capitalino, Marcelo Ebrard Casaubon.

Al entregar ascensos de manera simbólica más de 10 mil elementos de la policía preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública local (SSP-DF), el Ejecutivo local reconoció: hay una gran diferencia entre lo que les pedimos que hagan, los riesgos que tienen que correr todos los días y lo que se le da por parte de la sociedad y el Estado.

Señaló que a lo largo de 2009 la policía del Distrito Federal fue la que realizó más actividades en contra de la delincuencia, y la que presentó más delincuentes ante el Ministerio Público.

El secretario de Seguridad Pública, Manuel Mondragón y Kalb, informó que se superó la meta del programa de ascensos para este año, que era de 22 mil, al llegar a 23 mil 718 policías. Hecho que el funcionario definió como histórico.

Durante 2009, refirió el secretario, los policías tuvieron un incremento a sus percepciones económicas que va de los 500 a los 2 mil 500 pesos, suma diametralmente mayor a la que recibían en años anteriores.

Dijo que estas promociones se verán reflejadas el próximo año en los resultados de los efectivos de la SSP-DF en materia de prevención y persecución del delito, como una forma de retribuirle a la sociedad y al gobierno estos estímulos.

“Como dijo aquel: ‘dando y dando’, en 2010 habremos de demostrar que el estímulo ha funcionado, que es un gran compromiso, que no vamos a fallarle a la sociedad a la que nos debemos, al Gobierno del Distrito Federal al que pertenecemos, a nuestra institución a la que debemos de honrar, y a nuestro jefe de Gobierno al que no podemos defraudar”, prometió.

Para los ascensos realizados en este año, los elementos tuvieron que ser sometidos a varios filtros, requisitos, conocimientos administrativos, exámenes toxicológicos, médicos y sicológicos, así como una revisión exhaustiva de sus expedientes, para descartar que tuvieran antecedentes penales, sanciones administrativas o quejas por violaciones a derechos humanos.