El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, destacó que el programa de testigos protegidos debe revisarse no sólo en cuanto a los resultados que está dando, sino en cuanto al nivel de protección que se suele dar.

Tras el asesinato de Édgar Enrique Bayardo del Villar, ex comandante de la Policía Federal Preventiva (PFP) y testigo protegido de la Procuraduría General de la República (PGR), enfatizó que hay dos casos en que los testigos de esta categoría murieron.

Eso no es solamente lo que se debe revisar, sino el cómo se están utilizando para algunos procesos penales y si hoy por hoy, en este México del siglo XXI, es factible continuar con una figura de estas características.

En tanto, los expedientes judiciales 131/2009 y 26/2009, consultados ayer por La Jornada, en los que constan oficios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), revelan que las autoridades ministeriales relajan las medidas de seguridad de presuntos delincuentes que optaron por convertirse en delatores de sus ex cómplices.

El pasado 7 de febrero la PGR no presentó ante el juzgado 18 de distrito de procesos penales federales, con sede en el Reclusorio Norte, a una testigo colaboradora de la procuraduría, quien debía carearse mediante una videoconferencia con César Arellano Coronilla, El César, presunto sicario de Los Zetas, preso desde 2007 en el penal de máxima seguridad del noreste, en Tamaulipas.

El testimonio de esta mujer (identificada con el sobrenombre de Gabriel), que formó parte del crimen organizado, en buena medida permitió a la SIEDO llevar a la cárcel a El César y a una decena de presuntos colaboradores de Heriberto Lazcano, El Lazca, uno de los actuales líderes del cártel del Golfo, pero la SIEDO no la presentó ante el juez que la requirió porque la subprocuraduría le perdió el rastro a su testigo protegido.

En uno de los expedientes consultados consta el oficio UEITA/1201/2009, en el que la subprocuraduría, a cargo de Marisela Morales, informó al juez que “no será posible que el testigo colaborador con clave Gabriel se presente a las 11 horas del 7 de febrero del año que cursa (2009), toda vez de que por el momento no es posible localizarlo, ya que por su propia decisión y sus propios medios abandonó el servicio de escolta”.

Otro caso ocurrió en un juzgado con sede en Nayarit, donde se procesa a ex funcionarios de la Policía Federal y de la propia SIEDO que presuntamente tenían vínculos con narcotraficantes, en una acción que fue conocida a finales de 2008 como Operación Limpieza.

En el expediente 26/2009 consta que uno de los procesados solicitó un careo con uno de los testigos protegidos de la PGR, pero la diligencia no pudo llevarse a cabo debido a que la autoridad ministerial desconoce el paradero de su testigo Ricardo Flores Quintana, hijastro de Jesús Zambada García, El Rey, ex integrante del cártel de Sinaloa.