l titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, anunció ayer que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) decidió no otorgar la toma de nota a Martín Esparza Flores como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), toda vez que se acreditaron –según Lozano– diversas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo de la organización sindical durante el proceso electoral que tuvo lugar entre abril y junio pasados. Ante tal situación, el funcionario sostuvo que dicho proceso debe ser anulado y que se debe convocar a la realización de nuevas votaciones. Por otro lado, Lozano calificó de improcedente la destitución del tesorero del SME, Alejandro Muñoz –ordenada por esa organización en septiembre pasado–, y afirmó que se mantienen intactos los registros y la toma de nota de quien se ha venido desempeñando como el principal opositor a la dirigencia gremial encabezada por el propio Esparza.

Las declaraciones del funcionario revisten aspectos lamentables, tanto en la forma como en el fondo. En primer lugar, al reconocer la existencia jurídica del SME mediante el otorgamiento de la toma de nota a su tesorero y los llamados a realizar nuevas elecciones en ese gremio, Lozano incurre en una inconsistencia mayúscula, habida cuenta de que él mismo ha desempeñado un papel central en los empeños del gobierno federal por desaparecer a Luz y Fuerza del Centro (LFC) y a su sindicato. Significativamente, el propio Lozano canceló el pasado martes la posibilidad de una recontratación colectiva de los trabajadores de ese organismo público descentralizado bajo la tutela del SME, toda vez que ésta será personal y caso por caso, aseveró; de aceptar esa lógica, carecería de sentido repetir el proceso de elección interna en el sindicato. De hecho, la postura adoptada en la práctica por el gobierno federal lleva implícito el mensaje de que esa organización sindical ha perdido toda razón de ser.

Por lo demás, las constantes intromisiones del gobierno federal en los asuntos internos de los organismos gremiales –ahora mediante un uso faccioso y a todas luces indebido de procedimientos burocráticos y administrativos– tienen como telón de fondo un proceso de revisión, emprendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del marco legal en que se desempeña la secretaría frente a los sindicatos y en el que, a decir de especialistas en la materia, podría estar en juego la definición sobre si las autoridades laborales tienen atribuciones para intervenir en la vida interna de los organismos gremiales. Como botón de muestra, baste señalar que ayer mismo la segunda sala de la Corte aceptó analizar el recurso de amparo promovido por el dirigente minero, Napoleón Gómez Urrutia, ante la negativa de la secretaría de otorgarle la toma de nota, un recurso que según los propios magistrados podría sentar precedente respecto de decisiones futuras en la materia.

Al parecer, el gobierno federal pretende aprovechar, por conducto de su secretario del Trabajo, el enredo legal generado por las propias autoridades, al emprender acciones que no están establecidas con claridad en el ordenamiento legal vigente en materia laboral, como la intervención en los procesos de elección de las dirigencias sindicales, la convalidación o el desconocimiento de las mismas o bien la convocatoria a realizar nuevos comicios.

Un elemento de contexto adicional es la presencia en el país de sindicatos estadunidenses y canadienses que han expresado su respaldo a los electricistas despedidos: los representantes gremiales que se encuentran en México afirman que con la extinción de LFC y las agresiones al SME, el gobierno de México violó sus propias leyes y acuerdos internacionales, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Más allá de la incertidumbre jurídica a escala interna, existen, en el ámbito internacional, severos cuestionamientos sobre la legalidad de las medidas contra la empresa paraestatal y sus trabajadores, cuestionamientos que podrían generar problemas en las relaciones de México con sus dos principales socios comerciales.

En suma, ante el desaseo administrativo y legal con que ha actuado el gobierno federal en este episodio, el conflicto exhibe hoy aristas nuevas y preocupantes y, lejos de resolverse, se profundiza en complejidad y en encono. En tal circunstancia, resulta imperativo que el Ejecutivo federal cobre conciencia de los riesgos nacionales que implica la cruzada antisindical en general, y contra los trabajadores de LFC en particular, anteponga los intereses de la nación a los apetitos privatizadores empresariales, refrene a sus belicosos colaboradores, ordene el cese del hostigamiento y de las provocaciones contra el SME y se comprometa, con voluntad política y buena fe, en un diálogo orientado a solucionar en forma positiva y constructiva el problema creado hace ya ocho semanas por la misma autoridad.