Patrick Kennedy, congresista estadunidense, sobrino del primer presidente católico de ese país, le fue negada la comunión por su obstinado apoyo al aborto que contradice la doctrina de la Iglesia. El obispo de East Providence comentó que Kennedy está en pecado mortal. José Bono, presidente del Congreso en España, se encuentra triste, como muchísimos cristianos, ya que la campaña episcopal ha amenazado retirar la comunión a los diputados que voten en favor de la ley del aborto. Y dijo: Yo no soy un asesino, pero a Pinochet, que sí lo era, le daban la comunión. Ambos casos ejemplifican la imposibilidad de ser librepensadores dentro de las fauces de la Iglesia católica. Para la Iglesia las razones de los creyentes poco o nada importan. Negar la razón y borrar el libre albedrío es privilegio de la fe.

En México, las pronunciaciones en torno al aborto corren más de prisa y en otras direcciones. La asonada conjunta de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional así lo indica. Aunque sus actos no equivalen al fin del Estado laico es urgente cavilar en los alcances de la unión bipartidista y sus vínculos con la Iglesia. Hay que pensar hoy en las amenazas que suponen esas uniones. Muerto el Partido de la Revolución Democrática o, más bien, aniquilado por su incapacidad y estupidez, es obvio que en las próximas elecciones triunfará el PRI o el PAN (de acuerdo con los analistas, la mediocridad de Acción Nacional será la razón para que el tricolor regrese a la Presidencia). Hay que pensar hoy en las amenazas que sufre la laicidad del Estado a partir de lo que ha sucedido con el tema del aborto.

En los últimos meses, gracias al binomio PRI-PAN se han aprobado reformas legislativas en relación con el aborto. La suma de fuerzas de ese binomio ha devenido cambios en 17 constituciones estatales, la cuales, debido a los cambios, penalizan el procedimiento, a pesar de que en el Distrito Federal la experiencia en ese rubro ha sido positiva. En la capital se han practicado aproximadamente 17 mil legrados; salvo por la lamentable muerte de una jovencita, no ha habido complicaciones médicas. En algunos estados, de acuerdo con las reformas legislativas, el aborto, incluso si la menor es una niña violada, está prohibido. Criminalizar a las mujeres que abortan es sinónimo de la ineptitud de nuestro sistema jurídico. Es también espejo del fracaso de nuestros gobiernos en los rubros salud, economía y derechos humanos.

Conviene escuchar lo que se dice desde afuera. Parto de la premisa de la neutralidad de las Naciones Unidas. Alberto Brunori, representante en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, comentó, respecto de las reformas legislativas recién aprobadas en nuestro país, que las modificaciones pudieran constituirse en violencia estructural contra los derechos de las mujeres. Asimismo, agrega, es urgente establecer estrategias que incluyan “el acceso efectivo al servicio del aborto seguro…” Recordó que cualquier modificación a la legislación interna de un país tendrá que realizarse en consonancia con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano.

El aborto es un problema de salud pública que atañe a las mujeres pobres y a las muy pobres. El aborto no es un problema de vida o muerte para las mujeres ricas. Aseverar que el aborto es una suerte de termómetro socioeconómico es correcto. El PRI y el PAN, con tal de ganar votos y sintonía con la Iglesia, han convertido el aborto en un problema ideológico y político, delegando, y olvidando, el problema de salud pública. Vetar el aborto, perseguir a las mujeres que lo hacen, orillarlas a procedimientos inseguros con frecuencia generadores de patologías graves (o incluso la muerte), criminalizar a las mujeres y amenazarlas con la cárcel viola los principios elementales de la ética.

En Estados Unidos y en España se conforman con negarles la comunión a los disidentes. En México el gobierno quiere más: pide las cabezas de todas las mujeres que aborten y de los médicos que se impliquen. Vetar el aborto en 2009 es sinónimo de criminalizar la pobreza. Hacerlo en 2009, desde el poder de los partidos políticos, es una amenaza contra la laicidad del Estado mexicano.