El senador priísta Fernando Castro Trenti solicitó que el Senado de la República exhorte al gobernador de Baja California a que separe de sus cargos a las autoridades penitenciarias del estado mientras se realizan las investigaciones sobre lo ocurrido en el Centro de Readaptación Social El Hongo, ubicado en el municipio de Tecate, y se finquen responsabilidades administrativas y penales.

También propuso que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos de Baja California investiguen.

Castro Trenti recordó que la madrugada del sábado 21 de noviembre hubo un motín en ese penal de mínima peligrosidad, con resultado de un reo muerto, cuatro custodios heridos y tres internos lesionados.

De acuerdo con las autoridades penitenciarias, señaló el senador priísta, los reclusos se amotinaron inconformes por el maltrato de custodios, la disminución de alimentos y las restricciones de horario para hablar por teléfono.

Castro Trenti dijo que no es la primera vez que reclusos son asesinados en los centros penitenciarios en Baja California. El 30 de septiembre del año pasado, recordó, la senadora perredista Yeidckol Polevnsky y un servidor solicitamos en la tribuna que la Comisión de Derechos Humanos del Senado visitara el penal de La Mesa, donde los motines ocurridos los días 14 y 17 de septiembre, que desembocaron en la muerte de más de una treintena de internos, fueron causados por la tortura, el abuso y el hostigamiento por parte de algunos custodios hacia los internos.

Plantea que intervenga la PGR

La comisión, refirió Castro Trenti, concluyó que debían fincarse responsabilidades a servidores públicos estatales por los casos de tortura y abuso de autoridad ya denunciados, así como aquellos en los que incurrió el propio secretario de Seguridad Pública del estado, para evitar que tales actos violatorios de los derechos humanos de los internos y sus familiares se repitan.

La Comisión de Derechos Humanos del Senado, abundó el priísta, consideró que tanto el secretario de Seguridad Pública del estado como el procurador general de Justicia habrían incurrido en responsabilidades por omisión, por lo cual las indagatorias debían ser competencia de la Procuraduría General de la República.