El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, ofreció ayer que si se presentan quejas contra el fallo que otorgó a la trasnacional Smartmatic un contrato para la toma de datos biométricos, serán valoradas con honradez y respeto a la ley.

Agregó en entrevista que conoce sólo algunas declaraciones que han hecho algunas personas, pero no que se hayan implementado los procedimientos legales de inconformidad que se admiten en estos casos.

Las empresas Soltic, Mainbit, Cosmocolor e Imahe Technology se quejaron el jueves pasado de que Gobernación actuó de manera parcial y opaca.

Al término de la celebración de los 185 años de la entidad de fiscalización superior de la Federación, el funcionario consideró correcto que si las empresas tienen preocupaciones o cuestionamientos, los desahoguen por los procedimientos legales, e insistió en que serán analizados con el fin de que se decida lo mejor para la administración pública.

En tanto, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que sólo si se formaliza la impugnación a dicho se emprenderá una investigación.

Funcionarios de la dependencia destacaron que hasta este viernes no habían recibido ninguna impugnación de las cuatro empresas mencionadas, que la víspera anunciaron en conferencia de prensa que objetarán el fallo de Gobernación.

Cualquier impugnación la analizaremos, y nuestro trabajo será administrativo. Si ninguna de las empresas impugna, nosotros, por ley, no podemos hacer nada. Esperaremos a que haya una denuncia formal para emprender la investigación, dijeron las fuentes.

Este jueves representantes de las cuatro compañías afirmaron que la actuación de Gobernación fue parcial y opaca, porque entregó el contrato a la empresa que presentó la oferta más cara (299.7 millones de pesos) y no cumplió con los requisitos de la convocatoria para la licitación de más de 2 mil equipos para recopilar imágenes de iris, huellas dactilares, rostro y firma autógrafa de mexicanos y extranjeros residentes en el país.

Señalaron que Smartmatic es investigada por evasión fiscal y lavado de dinero y está acusada de complicidad en las elecciones –calificadas de fraudulentas–, de Hugo Chávez en Venezuela. Además ha sido eliminada por razones técnicas en concursos de Bolivia y Filipinas.