La multinacional ABB (Asea Brown Boveri) incumplió en 2001 un contrato millonario con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la generación de energía, que representó un fraude de casi 302 millones de dólares, según documentó ayer el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)

Por tal motivo –señaló–, la firma se hizo acreedora a una multa administrativa, pero se desconoce si esa empresa extranjera sigue trabajando con CFE.

Según el gremio, la operación fraudulenta tuvo lugar en la administración de Alfredo Elías Ayub, quien es director de la paraestatal desde enero de 1999.

La denuncia del fraude se hizo en 2001 (por el órgano interno de control de CFE), y se entregó copia del documento a siete funcionarios del gabinete foxista y al propio Vicente Fox, señaló el SME.

Asimismo –dijo–, en Estados Unidos también ha quedado evidenciado que ABB es una empresa corrupta.

Leandro Zamora, coordinador general de ingeniería y estrategia del sindicato, precisó que la demanda se presentó por un fraude de 301 millones 822 mil 400 dólares, por incumplir los requerimientos ofrecidos a la CFE.

“La estrategia de ABB fue ofrecer instalaciones de alta potencia, pero en realidad sólo cumplió una mínima parte. Es como si el compromiso fuera un automóvil de lujo y en la práctica se entregara un vocho”, señaló Zamora.

Esta licitación a particulares forma parte de un amplio bloque de contratos para la generación de energía eléctrica concedido por la CFE al sector privado.

Sólo en el año del fraude en referencia –documentado y exhibido ayer por el SME– se permitió a Luz y Fuerza del Centro (extinta por decreto presidencial el 11 de octubre) generar 527 megavatios (MW), mientras la iniciativa privada generó alrededor de 4 mil 500.

A nivel general, en 2000 la demanda máxima en el área central del país fue de 7 mil 510 MW, cantidad de la que LFC aportó 827 (229 con plantas de generación hidroeléctrica y el resto en termoeléctricas).

En todo el país, la demanda fue de 39 mil 799 MW; sin embargo, la CFE dio a productores independientes la generación de 484 MW, y a los autogeneradores (tambien privados) 3 mil 102. Como se ha difundido, el sector privado ha avanzado sustancialmente en esta actividad. En 2008, los productores independientes colaboraron con 11 mil 457 MW y los autogeneradores con 7 mil 350 MW.

El SME precisó que el costo total del proyecto otorgado a ABB fue de 319.3 millones de dólares, de acuerdo con el oficio 742.040 00322, con fecha 18 de septiembre de 2001, firmado por el coordinador de proyectos termoeléctricos, Juan Manuel Rodríguez Álvarez, y cinco funcionarios más que “no detuvieron o denunciaron el fraude que se materializó el 19 de septiembre de 2001.

Con la firma de este importantísimo certificado, avalado por 13 funcionarios de la paraestatal y el director del consorcio, se coludieron para quebrantar a la CFE y comprometerla a cumplir.

Según los documentos exhibidos, se concluye que al no ejecutar ABB la promesa de suministrar la capacidad de generación contractual estipulada (principal factor para obtener los recursos suficientes para cumplir las obligaciones financieras), se afecta directamente la capacidad de pago.

Por tanto, al tener ambas partes intereses corruptos, se coludieron, porque al no cumplir ABB los compromisos contractuales, la paraestatal debió suspender el contrato para la operación de la central ciclo combinado Monterrey II, señaló el SME.

Por ello –consideró–, se debe presentar denuncia penal por incumplimiento no sólo en contra de la empresa privada, sino contra todos los involucrados de la administración de Elías Ayub.

Más tarde, ABB –agregó el sindicato– cambió su nombre a Alstom Power Proyectos, la misma que entregó sobornos a Alfonso Caso Aguilar (ex director de LFC), quien estando a frente del Sistema de Transporte Colectivo Metro le dio contratos de suministro de locomotoras y vagones, señaló.

Al respecto, el líder del SME, Martín Esparza, dijo que con casos como el anterior, sustentados con documentos oficiales de la propia CFE, se demuestra que la paraestatal es una empresa de corrupción internacional.