Monterrey, NL, 26 de noviembre. Todos los partidos han tratado de violar la legislación electoral y han logrado sacar ventaja, sostuvo María del Carmen Alanís Figueroa, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Durante un encuentro con presidentes de organismos comiciales de 30 entidades del país, Alanís Figueroa respondió así a un comentario de Daniel Rolando Jiménez Rojo, de Hidalgo, quien dijo que un senador del PVEM aceptó que no les preocupa el costo de las sanciones, porque al cometer conductas ilegales ya lo tienen considerado.

Estos casos, como el de la revista (donde se reproducía la imagen de César Nava, entonces candidato del PAN a diputado federal) y el PVEM con los actores, o el PRD y PRI, todos los tuvieron, con modalidades de comunicación o de difusión, que a todas luces son violatorias de la ley, dijo.

Desgraciadamente –señaló–, el Poder Legislativo no ha elaborado leyes reglamentarias para inhibir estas prácticas ilegales con medidas cautelares y sanciones ejemplares, como ya se tienen en algunas entidades federativas, como son la cancelación del registro y de la candidatura, e incluso la denuncia ante las autoridades penales por el rebase de los topes de gastos.

En su turno, el presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, expuso que a raíz del conflicto de 2006, los ciudadanos perdieron confianza en las instituciones electorales del país, pero las autoridades trabajaron arduamente para recuperarla, y lo consiguieron en los pasados comicios federales de julio, que fueron los menos impugnados en la historia del IFE y los más equitativos, aseveró.

Después de las impugnaciones y protestas por los resultados de la elección de 2006, los indicadores de potencial participación para julio de 2009 eran realmente alarmantes, más porque tradicionalmente en comicios intermedios baja el porcentaje de votantes. De ahí que solamente se esperaba de 30 a 35 por ciento de participación, pero en cambio hubo un 45 por ciento, que para mí es el mejor indicador de que recobramos la confianza de los ciudadanos, dijo.

Por otra parte, Valdés Zurita señaló que le preocupa la cédula de identidad impulsada por la Secretaría de Gobernación, porque podría tener efectos negativos sobre el empadronamiento, y el IFE ha trabajado durante 19 años y ha invertido mucho para tener una credencial con fotografía confiable y cada vez más segura.

Efectos en el empadronamiento

Este efecto –precisó– se daría sobre todo en los jóvenes que cumplen la mayoría de edad, y que contando ya con un documento de identidad tendrían pocos incentivos para tramitar y obtener su credencial con fotografía para votar.

“Eso se lo planteamos al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont; hicimos el esfuerzo para mostrarle cómo afectaría el empadronamiento, y llegamos a la conclusión de que es conveniente hacer sinergias para que el registro nacional de ciudadanos no afecte la credencialización.

En entrevista, agregó que las pláticas van muy bien, en la ruta de coincidir en una opción técnica jurídica que permita que la credencial con fotografía se convierta en la cédula de identidad, con mayores niveles de seguridad para que le sirva al ciudadano para identificarse ante cualquier autoridad y en cualquier momento, pero también para acudir a las urnas a votar.