Moscú, 24 de noviembre. Para el Consejo de Europa –organización con sede en Estrasburgo, Francia, que desde su fundación hace poco más de 60 años busca crear un espacio democrático y jurídico común en el Viejo Continente–, la situación de los derechos humanos en el Cáucaso del Norte sufrió un severo retroceso en lo que va de año.

A la vez, en el mismo periodo se incrementó la actividad de los grupos guerrilleros, a pesar de que el pasado mes de abril se decretó oficialmente el fin del llamado régimen de operación antiterrorista en Chechenia, que sirvió de pretexto para cometer todo tipo de abusos y atrocidades contra la población civil, como arrestos arbitrarios, secuestros, torturas y ejecuciones extrajudiciales, durante la década actual en la república separatista.

Estas conclusiones, entre otros señalamientos que ponen en entredicho la labor pacificadora del gobierno ruso en el Cáucaso del Norte y exigen a Moscú respetar los derechos humanos en esa región, se desprenden del informe que difundió este martes, tanto en Estrasburgo como a través de su página web, el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, tras realizar un viaje a Chechenia e Igushetia del 2 al 11 de septiembre anteriores.

“No se ha logrado estabilizar el Cáucaso del Norte. En Chechenia se observa durante 2009, en relación con 2008, un mayor número de atentados terroristas, asesinatos y secuestros, en Ingushetia y Daguestán el estado de cosas es igualmente inestable, (…) a la vez que se mantiene la impunidad (de la policía y los servicios secretos) como tendencia”, afirma Hammarberg en su informe.

Solicita al gobierno ruso investigar a fondo los asesinatos de activistas de derechos humanos y poner fin para siempre con los secuestros, detenciones ilegales, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y otras prácticas aberrantes contra sospechosos de apoyar actividades terroristas y que, en realidad, afectan a amplios sectores de la población civil.

No se puede condenar a nadie cuyo testimonio inculpatorio se presume fue arrancado bajo torturas u otros métodos vejatorios de la dignidad humana, subraya el Comisario y exige también que se deje de reprimir masivamente a familiares de presuntos terroristas o miembros de grupos armados ilegales, por el simple hecho de tener lazos de sangre con aquellos.

Desde 1999, cuando el Kremlin lanzó la operación antiterrorista en Chechenia, la Corte Europea de Derechos Humanos, cuya sede también se encuentra en Estrasburgo, ha emitido más de 100 resoluciones contrarias a Rusia por violar la Convención europea para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

En el resto del país, la situación de los derechos humanos también deja mucho que desear. La víspera de que se diera a conocer el informe de Hammarberg, un grupo de prestigiados defensores de los derechos humanos, a invitación del Kremlin, expusieron al presidente Dimitri Medvediev todo un catálogo de preocupaciones.

La presidenta del Consejo de Ayuda al Desarrollo de la Sociedad Civil, Ella Pamfilova, acompañada por los 34 miembros de dicha instancia, denunció el asesinato de activistas y periodistas –el más reciente, de un sacerdote ortodoxo baleado en pleno templo–, los abusos y la corrupción policiales, el fraude electoral y las restricciones a la libertad de manifestación, la represión de las críticas, la pasividad de las autoridades ante la desaparición de más de 12 mil 500 niños, según cifras oficiales, entre muchos otros aspectos de un panorama poco halagador en este ámbito.

Pamfilova puso especial énfasis en condenar la reciente muerte del abogado Serguei Magnitsky. Es una horrible tragedia que un abogado de 37 años muera en prisión, sin haber sido condenado por delito alguno, cuando apenas era investigado, subrayó la presidenta del Consejo.

El titular del Kremlin ordenó hoy a la procuraduría investigar las condiciones en que murió el abogado, a quien –según sus familiares– las autoridades penitenciarias y funcionarios corruptos del Ministerio del Interior le negaron medicamentos indispensables y asistencia médica, a pesar de padecer una enfermedad crónica, para obligarlo a autoinculparse.

Magnitsky representaba los intereses del empresario estadunidense, William Browder, nieto del líder del partido comunista de Estados Unidos entre 1934 y 1945, presidente del fondo de inversión Hermitage Capital Management, a quien se vetó la entrada a Rusia en 2005 cuando, tras adquirir un importante paquete de acciones, intentó oponerse a presuntos esquemas de corrupción en la petrolera Surgutneftegaz.

El fallecido abogado, en prisión preventiva bajo el cargo de evasión fiscal, había prometido revelar durante el juicio en su contra los nombres de los altos funcionarios del Ministerio del Interior que, según él, incautaron los documentos probatorios de que alguien muy influyente se beneficiaba con esos esquemas, aparte de que se habrían robado la suma que, supuestamente, dejó de pagar en impuestos el fondo de inversión.