El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ayer la disposición que facultaba al secretario de Comunicaciones y Transportes para otorgar concesiones y permisos de radio y televisión. Precisó que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) es la única que puede resolver sobre la prórroga, refrendo o modificación de dichas concesiones.

Al continuar el análisis de la controversia constitucional que interpuso la Cámara de Diputados contra del Ejecutivo federal, en contra de diversos artículos del reglamento interno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), los ministros determinaron que el Presidente de la República violó la Constitución al modificar, a través de un reglamento, las atribuciones que el Congreso de la Unión había establecido a favor de la Cofetel en la Ley Federal de Radio y Televisión.

Con el voto en contra del ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y de Sergio Aguirre Anguiano, el pleno declaró la inconstitucionalidad del artículo 5, fracción XVIII del reglamento interno de la SCT, por considerar que esta disposición del Ejecutivo federal violaba la esfera de competencia del Congreso.

La mayoría determinó que es facultad exclusiva de la Cofetel declarar administrativamente la caducidad, nulidad, rescisión o revocación de las concesiones y permisos de radio y televisión.

Antes de declarar la nulidad de la fracción XVIII del artículo 5, los ministros habían resuelto que el titular de la SCT no puede invadir las facultades que de manera exclusiva otorgó la Ley de Radio y Televisión a la Cofetel.

La mayoría consideró que tanto la Ley Federal de Radio y Televisión como la Ley Federal de Telecomunicaciones prevén facultades exclusivas para la comisión, y que la única forma de modificar dichas atribuciones es a través de una reforma legal, pero no mediante un reglamento que emita al Ejecutivo federal.

El artículo segundo de la Ley Federal de Radio y Televisión establece que se entiende por radio y televisión al servicio de radiodifusión. Añade que este servicio es aquel que se presta mediante la propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio, o de audio y video asociado, haciendo uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico atribuido por el Estado precisamente a tal servicio.

La ministra Olga Sánchez Cordero precisó que la Cofetel es la encargada de todo el procedimiento de licitación y de valoración de las solicitudes, y que una vez que toma una resolución y elige a los concesionarios ganadores, notifica su decisión al titular de la SCT, quien emite el título de concesión correspondiente.

Debe entenderse que el legislador quiso establecer que el secretario simplemente emita el título de concesión, conforme se lo presente la Cofetel, después de haber cumplido con el procedimiento, precisó Fernando Franco.

Ortiz Mayagoitia, al igual que Aguirre, consideró que la ley no prevé facultades exclusivas para la Cofetel, y que por lo tanto la disposición prevista en el reglamento a favor del secretario de Comunicaciones no era inconstitucional.

La discusión sobre la constitucionalidad de otros artículos del reglamento interno de la SCT continuará hoy, con lo relacionado a la fracción 19 del artículo 5 del reglamento, que se refiere a la facultad que tiene el secretario del ramo de aprobar el cuadro nacional de atribución de frecuencias. Los legisladores afirman que ésa es otra atribución exclusiva de la comisión.

Apertura a nuevos competidores en el mercado

Con unos dos años de retraso la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) publicó las bases para licitar el espectro radioeléctrico en las bandas de 1.7 y 1.9 gigahercios dedicadas a telefonía móvil, banda ancha y servicios de tercera generación.

Con este concurso se abre la puerta para que entren nuevos competidores en el mercado que hoy domina Telcel, seguido por Telefónica.

Los principales interesados en ingresar a este mercado son los cableros, quienes al poder ofrecer el servicio de telefonía móvil serán los primeros en entrar al mercado de cuádruple play, que consiste en la venta de televisión, telefonía fija, móvil e Internet.

También está interesada la española Telefónica, que en México dirige el ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, la cual está en condiciones legales, conforme a lo estipulado en las bases, de adquirir más espectro para ampliar su servicio de telefonía móvil o extender su oferta.

En las próximas licitaciones se espera la participación de las empresas de televisión por cable de Televisa que son Cablevisión, Cablemás y Cablevisión, que podrían ir solas al concurso o en alianza con Megacable, según expresaron sus directivos.

El pleno de la Cofetel divulgó las bases del concurso en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde señaló que la licitación número 20 corresponde a la banda de 1.9 gigahercios (GHz) que corresponde a algunos segmentos de la banda de frecuencias 1850-1910/1930-1990 megahercios (MHz), que tendrán cobertura en las regiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9.

La licitación 21 corresponde a la banda de 1.7 GHz que abarca algunos segmentos de la banda de frecuencias 1710-1770/2110-2170 MHz con cobertura en las regiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

El órgano regulador detalló que al colocar estas bandas en el mercado se busca promover la entrada de nuevos competidores al mercado móvil de las telecomunicaciones, y contribuir a que los operadores incrementen su mercado.

El total de espectro a licitar en los dos concursos es de 120 MHz, con lo cual no sólo se permite que los actuales operadores de telefonía móvil puedan satisfacer la demanda actual, sino estar en condiciones de prestar nuevos servicios e incrementar su calidad; al mismo tiempo se abre la posibilidad de que nuevas empresas se incorporen al mercado de las telecomunicaciones.

La dependencia señaló que las bases estarán a la venta para los interesados del 6 al 8 de enero de 2010, y deberán pagar 20 mil pesos por ellas. Asimismo, puntualizó que además de cumplir con los requisitos que se establecen en el concurso, los interesados deberán obtener el visto bueno de la Comisión Federal de Competencia (CFC), la cual determinará si cada operador puede participar en el segmento que le interese sin ocasionar distorsiones en el mercado ni en el proceso de competencia y libre concurrencia.