Cerro de San Pedro, SLP, 20 de noviembre. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que supervisará el cierre de las operaciones de la empresa Minera San Xavier (MSX) en el Cerro de San Pedro y fijó un plazo de diez días hábiles para que la firma canadiense presente un plan para la reparación de daños ambientales.

El Frente Amplio Opositor (FAO) –en el cual se incluye Pro San Luis Ecológico– pidió a la dependencia federal que dicho plan sea supervisado por una comisión científica independiente propuesta por el frente, donde participe la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pues manifestó desconfianza hacia la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Esta institución, argumentó el frente, se ha encargado de avalar proyectos depredadores, como el de Minera San Xavier.

Fijan plazo

Tras el acatamiento de la revocación en materia de impacto ambiental que dictó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en contra del proyecto minero en el Cerro de San Pedro, la Profepa clausuró parcial y temporalmente las actividades de explotación en el tajo a cielo abierto de la trasnacional canadiense.

La Profepa informó que la compañía cuenta con diez días –que se cumplen el 2 de diciembre próximo– para presentar un programa técnico de reparación de los daños ambientales ocasionados durante el proceso de explotación para obtener oro y plata. Asimismo, deberá exponer ante las autoridades un plan para el cierre seguro de sus instalaciones.

Durante el tiempo que dure el proceso del cierre seguro de la empresa, la Profepa estará pendiente de que las acciones que se realicen garanticen que el predio quede sin contaminación alguna expuso.

Juan Carlos Ruiz Guadalajara, del FAO, hizo énfasis en que el plan de reparación debe someterse a la consideración de una comisión científica independiente y en un término no mayor a diez días se deben retirar todo el cianuro de sodio y los explosivos de la zona.

Agregó que también se debe iniciar el proceso de devolución de tierras a los ejidatarios. A su vez, la Profepa debe garantizar que la empresa deje de lixiviar porque el director de la minera, Robert Gallagher, negocia con autoridades estatales de San Luis la posibilidad de que les permitan mantener la lixiviación en la zona que ya destruyeron.

El FAO acusó a Alfredo Sánchez Azúa, delegado estatal de la Profepa, de solapar que la minera opere en los patios de lixiviación en el Cerro de San Pedro. La sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) del 14 de octubre –explicó– no sólo limita a la empresa a desarrollar operaciones mineras, sino que también la obliga a parar totalmente sus trabajos, por lo que aún mantiene su desacato.

Acerca de la postura que New Gold –consorcio del cual MSX es filial– asumió el jueves pasado, el activista informó que se detuvieron las actividades mineras en el Cerro de San Pedro; sin embargo, agregó, la firma podría continuar los trabajos de recuperación de oro en los patios de lixiviación.

A su vez, Mario Martínez Ramos –también integrante del FAO– rechazó que en esos términos se pueda interpretar la sentencia del TFJFA.

La sentencia es muy clara, aseveró, porque ordena a la Semarnat a retirar el permiso de operación que otorgó a MSX en 2006, y ante la falta de éste la responsabilidad de la Profepa era clausurar totalmente, dijo.

A su vez, el gobernador potosino, el priísta Fernando Toranzo Fernández, señaló que el gobierno del estado está preparado para enfrentar alguna demanda que pudiera interponer MSX por la sentencia del TFJFA.

El mandatario dijo estar del lado de la legalidad, aunque reconoció que existe preocupación por los impactos que pudiera generar el cierre de la empresa en materia de empleos.