El PRI y el PAN en la Cámara de Diputados acordaron votar conjuntamente el próximo martes en rechazo a promover una controversia constitucional contra el decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Ambos partidos determinaron posponer la discusión en el pleno hasta el martes 24 –cuando vence el plazo constitucional para interponer un recurso legal– y votar en favor del proyecto que considera improcedente recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En las negociaciones con la Secretaría de Hacienda para distribuir el presupuesto del año próximo, los diputados priístas aceptaron la oferta del gobierno federal para repartirse 30 mil millones de pesos que se contemplaban para LFC.

Durante la plenaria del domingo pasado, cuando se definió la reasignación de recursos, el grupo económico de la bancada priísta refirió, como publicó este diario, que el gobierno de Felipe Calderón aceptó que 30 mil millones de los subsidios a Luz y Fuerza, previstos en el proyecto presidencial de presupuesto, formaran parte del fondo a repartir.

Eso implica no votar en favor de la controversia, dijo el coordinador Carlos Rojas Gutiérrez, comentaron diputados presentes en la reunión. De inmediato, el vicecoordinador, Jorge Carlos Ramírez Marín, puso a consideración de la bancada si se admitía repartir los recursos. La mayoría lo avaló.

Aun cuando la decisión de no votar en favor de la controversia no se ha adoptado por la plenaria del PRI, en sucesivas reuniones se ha definido el rechazo a que la Cámara presente el recurso ante la SCJN por la probable invasión de facultades de la Cámara por el Ejecutivo al decretar la extinción de la empresa.

En una de las primeras reuniones del consejo consultivo del PRI –donde convergen la coordinación del grupo y las de los estados y los tres sectores–, Alejandro Moreno Merino, quien durante cuatro años fue secretario particular de Leonardo Rodríguez Alcaine, extinto líder del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), afirmó:

“Como decía don Leonardo: ‘hay veces en que para no cometer pendejadas, hay que hacerse pendejo’. Y creo que es el caso.”

Posteriormente, en la reunión del consejo del 9 de noviembre pasado, donde Alfonso Navarrete Prida aseveró que en el grupo de trabajo para revisar la viabilidad de la controversia no se llegó a un acuerdo y, por tanto, el pleno debía decidir, Moreno Merino asumió que la diputación del PRI debía votar en contra.

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) es enemigo del SUTERM, alegó entonces.

Además, expuso, el SME no está afiliado al PRI ni a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), no ha apoyado a candidatos priístas; de su parte siempre ha habido agresiones, y de la nuestra sólo respeto.

Priístas presentes en esa reunión refirieron que después tomó la palabra el dirigente cetemista en el estado de México, Armando Neyra Chávez, quien refirió que el secretario general de la CTM, Joaquín Gamboa Pascoe, pidió a los diputados del sector obrero mantenerse al margen.

Sin embargo, agregó, los cetemistas están ante una disyuntiva: no avalar la controversia sería ir contra el objetivo de la central obrera de defender los intereses de los trabajadores, pero puestos a votar en el tablero, no podrían desacatar las indicaciones de su líder.

Entonces, Navarrete –quien públicamente se ha expresado en favor de la controversia– defendió que Felipe Calderón tiene amplias atribuciones para decretar la extinción.

También el presidente de la Comisión de Presupuesto, Luis Videgaray Caso, argumentó que cuando fue secretario de Finanzas de Enrique Peña Nieto, padeció a Luz y Fuerza y al SME.

Refirió que algunas empresas decidieron no instalarse en el estado de México por la ineficacia en la prestación del servicio de energía eléctrica.

A su vez, Alejandro Encinas, coordinador perredista, aseguró que tenía el compromiso de PRI y PAN para que la votación de ambos proyectos se realizara ayer. Sin embargo, legisladores de esas bancadas comentaron que el tema se difirió para el martes, y que la posición de ambos grupos es en contra.

Francisco Hernández Juárez (PRD), líder de los telefonistas, señaló que el punto no se incluyó en el orden del día de ayer, para asegurarse que disminuyan los votos en favor de la controversia, que aunque la decidamos ese día, ya no habrá tiempo para interponerla.

Ramón Jiménez (PRD) advirtió que sería una vergüenza no interponer la controversia contra una invasión de sus facultades por el Ejecutivo, y si prospera el amparo del SME y se comprueba que Calderón violó la Constitución, se demostraría que la Cámara lo dejó pasar.