Moscú, 18 de noviembre. La Corte Constitucional de Rusia, en tanto que máxima instancia judicial para dirimir controversias, deberá dictaminar este jueves si procede o no volver a aplicar en este país la pena de muerte, objeto de uno de los debates más intensos en la sociedad rusa durante los últimos trece años.

La Suprema Corte de Rusia, ante la ambigüedad legal que podría nulificar la moratoria del Kremlin sobre la pena capital anunciada en 1996, solicitó a los miembros de la Constitucional esclarecer si, a partir del primero de enero de 2010, seguirá vigente su resolución que garantiza a todos los imputados de delitos graves el derecho a ser juzgados por un jurado popular.

El problema es que la Corte Constitucional se pronunció en ese sentido, en febrero de 1999, tres años después de que Rusia vinculó la suspensión temporal de la aplicación de la pena de muerte a la conformación de jurados populares en todas la entidades de la Federación, lo que entonces parecía casi imposible.

Sin embargo, el primero de enero próximo, el requisito quedará cubierto al entrar en vigor la respectiva ley en la república norcaucásica de Chechenia, la última entidad federal en incorporar jurados populares a los juicios, con lo cual técnicamente no habría impedimento para sentenciar a la pena de muerte y reanudar las ejecuciones.

Al mismo tiempo, cuando el entonces presidente Boris Yeltsin decretó la moratoria, lo hizo tras firmar el protocolo seis de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, la cual prohíbe la pena capital, condición impuesta por el Consejo de Europa para admitir en su seno a Rusia.

Desde ese momento se respeta la moratoria y todas las condenas a la pena máxima se conmutan por cadena perpetua, aunque a la fecha el Parlamento local no ratificó todavía la adhesión de Rusia a dicho protocolo.

Restablecer la pena de muerte, advirtió Vladimir Lukin, comisionado federal para los derechos humanos, violaría ese compromiso y, en consecuencia, Rusia sería expulsada del Consejo de Europa.

En este contexto, a comienzos de la semana pasada, la Corte Suprema del país estimó que Rusia debe evitar que, desde enero siguiente, los jueces se enfrenten al dilema de tener que elegir como criterio en su labor cotidiana la legislación rusa o las obligaciones internacionales asumidas por el Kremlin.

Hay aquí mucha expectación por el dictamen que emita la Corte Constitucional porque el presidente, el gobierno, la Iglesia ortodoxa y reconocidos activistas de derechos humanos coinciden en calificar de inadmisible que se vuelva a aplicar en Rusia la pena capital, pero 70 por ciento de los rusos –según sondeos recientes–, así como buen número de diputados y senadores oficialistas, aprueban condenar a muerte a asesinos y pedófilos.