El pleno de la Cámara de Diputados aplicó un recorte general a la educación superior en el país, sin embargo otorgó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) una ampliación de 630 millones de pesos, aunque fue de 75 millones menos de lo que solicitó la institución.

Los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en San Lázaro resolvieron modificar su proyecto de asignación de los recursos al sector, al transferir fondos destinados a la educación superior a otros rubros no vinculados con la enseñanza.

Si bien se dio una ampliación al Instituto Politécnico Nacional de 447 millones de pesos, se castigó de manera relevante a la Universidad Autónoma Metropolitana, a la que le descontaron 533 millones de pesos de los 600 que la Comisión de Educación y Servicios Educativos había considerado para esa casa de estudios, que sólo recibirá 67 millones adicionales.

Para la Universidad Pedagógica Nacional sus expectativas de recibir 25 millones de pesos más se diluyeron, porque los diputados sólo le autorizaron 10 millones.

A El Colegio de México se le descontaron 11 millones de los solicitados, y sólo obtendrá 9 millones más.

Al Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional sólo le autorizaron 90 millones de pesos, con una reducción de 70 millones a lo que se había presupuestado.

A la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro no se le autorizaron los 31 millones de pesos que solicitó, y sólo obtuvo 10 millones.

A la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se le amplió el presupuesto con 100 millones de pesos, mientras que a la ampliación de oferta educativa en los institutos tecnológicos el recorte fue de 150 millones, de los 500 solicitados.

Al fondo para el apoyo de reformas estructurales de las universidades públicas se le disminuyeron 500 millones de pesos, de los mil millones que se habían solicitado.

Para el fondo de reconocimiento de plantilla de las universidades públicas estatales el recorte es de 150 millones de pesos.

El fondo de apoyo al saneamiento financiero de las universidades públicas estatales recibirá 200 millones de pesos menos, por lo que sólo tendrá 800 millones adicionales.