las recientes alzas impositivas al consumo y al salario, impulsadas por el gobierno federal y avaladas por diputados y senadores de la camarilla bipartidista en el poder, se suma ahora la pretensión de restringir el gasto público en sectores de suma importancia para el país, como son el educativo y el cultural: el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2010, cuya discusión será retomada hoy en San Lázaro, plantea un recorte de 3.73 por ciento en términos reales para la educación pública en todos sus niveles, así como una reducción de miles de millones de pesos al presupuesto destinado a la cultura, que implicará que ese rubro disponga, para el año entrante, de fondos menores en 25 por ciento respecto de 2009.

La profundización de la astringencia presupuestaria en el gasto educativo permite ponderar la falta de interés y el abandono a que ha sido condenado ese sector estratégico en el presente ciclo de gobierno. Apenas el pasado martes, el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, señaló que se equivocan quienes sostienen que el sistema educativo está estancado, y reiteró que la enseñanza pública es una prioridad para la actual administración, declaración abiertamente falaz, a juzgar por el proyecto presupuestario. Significativamente, ese mismo día la panista María Teresa Ortuño, presidenta de la Comisión de Educación del Senado, formuló señalamientos que reflejan la actitud oficial de manera mucho más cabal que lo dicho por el titular de la SEP: calificó de demagógica la petición de reforzar los ciclos de enseñanza a cargo del Estado y llamó en cambio a apretarse el cinturón.

En lo que toca a los recortes propuestos para el gasto cultural, éstos resultan un colofón lógico a la ausencia de una política federal en la materia, así como a un manejo oficial de ese sector con base en criterios pragmáticos, especulativos y mercantilistas, como ha quedado exhibido en distintos momentos a lo largo del presente sexenio.

Por lo demás, la pretensión oficial de aplicar estos recortes resulta particularmente impresentable al contemplar el boato que prevalece en las altas esferas de la administración pública federal, así como las grandes sumas de recursos que los recientes gobiernos –incluido el actual– han destinado para satisfacer la voracidad especulativa y para financiar los rescates de la banca privada, las aerolíneas, las carreteras concesionadas y otras malogradas aventuras empresariales.

Es claro que, aun en el escenario de crisis económica, si se aplicasen verdaderas políticas de austeridad y un adecuado manejo de los fondos públicos, el país podría contar con recursos suficientes para destinarlos a rubros estratégicos, como la enseñanza a cargo del Estado, la ciencia y la cultura. En cambio, en la medida en que esos recortes sean aprobados en San Lázaro, se estará profundizando el deterioro que acusan dichos sectores, se impedirá que esas tareas alcancen algún día niveles adecuados de cobertura y calidad, y se acentuarán las deficiencias estructurales en materia de competitividad, desarrollo y preparación de los mexicanos.

La propuesta calderonista atenta, pues, contra el sentido esencial de la política presupuestaria, la cual debiera buscar justamente la articulación nacional y el fortalecimiento de las actividades públicas con miras a la superación de las escandalosas desigualdades que afectan al país. Cabe esperar que la Cámara de Diputados desempeñe su doble función como contrapeso del Ejecutivo y como instancia de representación de los intereses del pueblo, y comprenda que aún es tiempo de corregir una propuesta carente de sensibilidad, nociva para el futuro del país.