El Congreso de Hidalgo interpondrá este jueves una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Este recurso tendrá una variante respecto del que presentó el pasado viernes la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), informó ayer a La Jornada el abogado Elisur Arteaga, autor de las dos demandas.

La diferencia consiste en que con la nueva demanda se busca la nulidad de los artículos 15 y 16 de la ley de empresas paraestatales en la que se basó el presidente Felipe Calderón para sustentar el decreto de extinción de LFC.

Agregó que la próxima semana se presentará una tercera demanda de controversia por parte del Poder Legislativo del estado de Puebla, que actuaría en representación de los intereses del municipio Juan Galindo, donde se ubica la hidroeléctrica Necaxa, debido a que la mayoría de los habitantes son electricistas y laboraban en las instalaciones que LFC tiene en esa región.

Respecto del fallo del ministro José Ramón Cossío Díaz, Arteaga aseguró que la resolución no es definitiva: los asambleístas tienen de plazo hasta el próximo miércoles para interponer un recurso de inconformidad, que deberá resolver otro ministro.

Elisur Arteaga –quien dio cátedra en la Escuela Libre de Derecho al presidente Felipe Calderón y al secretario del Trabajo, Javier Lozano, entre otros políticos– advirtió que como representante legal del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en caso de que la Suprema Corte cierre todos los medios de defensa que tiene el sindicato para impugnar en México el decreto presidencial, recurrirá a los tribunales internacionales.

Este martes, el ministro Cossío desechó por notoriamente improcedente la controversia constitucional presentada por la ALDF contra el decreto.

Cossío Díaz consideró que la ALDF carece de legitimidad para combatir este decreto, ya que no afectó ninguna de sus atribuciones constitucionales.

Sí hay afectaciones

Acerca del argumento del ministro Cossío, Elisur Arteaga replicó: La verdad es que el decreto de Calderón sí afectó atribuciones constitucionales de la Asamblea Legislativa y de los congresos de Hidalgo y Puebla (entidades donde se ubican instalaciones de LFC), por cuanto aumentó el desempleo en esas regiones y los gobiernos de los estados están obligados a ver por su población y que no cesen las fuentes de empleo; además, ahí hay apagones. En conclusión: se está desquiciando la economía del centro de la República.

El constitucionalista aseguró que para rechazar la demanda de controversia de la ALDF “el ministro (Cossío) inventó una causal jurídica que no aparece en la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, la cual señala las razones de improcedencia de este tipo de demandas.

Además, el ministro no suplió la deficiencia de la queja a pesar de que estaba obligado por ley a hacerlo, destacó.