i el más convencido, y ni siquiera el más vendido de los opinadores del régimen, podrá negar la insensibilidad, la arbitrariedad y el desaseo legal empeñados en la extinción de Luz y Fuerza del Centro y en el intento de liquidar al Sindicato Mexicano de Electricistas. Impresentable o indefendible, llaman a esa organización gremial los voceros oficiosos del calderonato, pero se abstienen de medir el grado de indefendibilidad del poder público para el cual trabajan o el de aliados políticos tan preciosos como Marín, Ruiz, Gordillo o Romero Deschamps; corruptos, acusan a los trabajadores porque éstos han logrado salarios decentes y condiciones de trabajo dignas, pero se callan la boca y escurren la pluma ante los hechos de un régimen que reparte contratos más que sospechosos y ante los privilegios y los lujos de sus integrantes; violentos, claman ante la decisión de los electricistas sindicalizados de resistir el decreto de su extinción, pero omiten toda referencia al uso de la policía y de Lozano Alarcón –una fuerza de choque en sí mismo– por parte del gobierno espurio; subversivos, gritarán mañana a quienes respalden el paro nacional convocado por los trabajadores afectados, pero no dirán una palabra sobre una medida gubernamental adoptada a contrapelo del orden constitucional y de efectos evidentemente desestabilizadores. Los soldados mediáticos del régimen –para parafrasear la autodefinición de Azcárraga papá– insultan y calumnian a placer al SME y a sus integrantes, pero no tienen un solo argumento para justificar el decreto emitido el 10 de octubre por Felipe Calderón. Y no lo tienen porque no lo hay.

Salvo, desde luego, la toma de la Presidencia de la República mediante una maniobra no demasiado diferente a la que tuvo lugar en junio pasado en Honduras, ninguna de las muchas cosas abominables perpetradas a partir de 2006 por la mafia gobernante había sido tan claramente lesiva para el interés nacional, y ninguna había sido adoptada en forma tan abusiva, como la extinción de Luz y Fuerza. La resistencia social al decretazo tiene, por ello, motivos y posibilidades tan amplios como la lucha ciudadana contra la privatización de la industria petrolera. O más.

Y es que, más allá de la apreciación sobre la circunstancia de Luz y Fuerza o sobre la naturaleza del SME , el paro nacional convocado para mañana por esa organización puede ser visto y adoptado por sectores que trascienden a las izquierdas partidistas, cívicas y sindicales, como su primera gran oportunidad de confrontar al régimen y de explorar la posibilidad real de marcarle un alto.

El abuso sistemático de los gobernantes, la mentira regular de sus corifeos, la frivolidad y la insolencia de los júniors de Morelia, han logrado hartar a mucha gente que no necesariamente está enlistada en el movimiento lopezobradorista ni en ninguna otra de las expresiones de oposición real al calderonato. La perspectiva de establecer en las leyes nacionales la figura del referendo revocatorio es, por hoy, demasiado incierta y difusa; el voto de castigo en 2012 contra una clase política que se sabe servir con la cuchara grande del plato de dineros públicos resulta lejano y, a la vista de los fraudes electorales operados desde el poder en meses recientes, infructuoso.

El paro nacional, aquí y ahora, es, en cambio, una vía concreta para iniciar la recuperación del poder usurpado a la ciudadanía por sus supuestos representantes y una manera concreta (y pacífica, y civilizada) de recordarles a gobernantes, funcionarios y legisladores, que la sociedad no está manca. Cabe esperar, por eso, que funcione y que tenga eco. La disuasión social frente a los secuestradores de las instituciones es fundamental para devolver al país al cauce de legalidad, convivencia armónica e imperio de la ley del que fue apartado en 2006. La de mañana es una gran oportunidad para ensayarla y, a no dudarlo, una de las últimas.

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