El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) solicitará el martes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que integre una comisión especial que analice el decreto por el que desapareció Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Después de 20 días de que fuerzas federales ocuparon LFC –y se dio la orden de liquidarla–, los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) privilegian la vía jurídica (amparos) contra el decreto y pretenden que el Poder Legislativo revise el saqueo de documentos en la empresa, especialmente en el ámbito de la contraloría e inventarios.

Gestionarán también que la SCJN analice su caso en un esquema similar al de la comisión creada para el incendio de la guardería ABC, en Sonora –donde murió medio centenar de niños–, o un grupo como el que revisó las violaciones constitucio- nales en perjuicio de la periodista Lydia Cacho.

En conferencia de prensa, el dirigente del SME, Martín Esparza, señaló que lo que piden es que, por moral, la Corte haga un pronunciamiento de manera oficiosa, porque lo único que buscamos es que se respeten la Constitución y las leyes, para tener un país que permita mantener la paz sobre los problemas graves.

Los sindicatos –agregó– no somos el problema, somos parte de la solución.

Respecto a la promoción de inconstitucionalidad del decreto de extinción de LFC del pasado día 11, Esparza se refirió al proceso de 1989, cuando el Congreso autorizó el cambio de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro a un organismo autónomo, a partir de 1994. Sin embargo –señaló–, hoy el gobierno federal pretende suspender las relaciones laborales mediante un decreto administrativo.

El SME solicitará a la Cámara de Diputados que llame a comparecer a todos los funcionarios que firmaron el decreto. En especial, busca que los legisladores citen al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), Eduardo Andrade, para que explique cómo es posible que primero se liquide a los trabajadores de LFC y luego se les dé derecho de audiencia.

Este sábado está programada una audiencia en la JFCA para decidir sobre la terminación de la relación laboral (colectiva e individual) entre LFC y el SME, organización a la que están afiliados más de 60 mil trabajadores –44 mil en activo y el resto jubilados.

“Es una atrocidad. Eso de que ese señor se atreva a darnos el laudo (del fin de la relación laboral) violentando el artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo y el contrato colectivo (…) ¡significa regresar 100 años respecto a los derechos laborales!”, dijo.

El SME advirtió que el contrato colectivo está vigente, de ahí que procedería –ante la liquidación de LFC– la recontratación de todos en calidad de patrón sustituto y el pago de salarios caídos.

Este viernes, la dirigencia sindical, encabezada por Martín Esparza, acudió a la Cámara de Diputados en busca de apoyo, con el propósito de que una comisión revise la inconstitucionalidad del decreto presidencial de LFC del pasado día 11.

Entre las gestiones para denunciar lo que consideran violaciones graves a las garantías básicas de los electricistas, también acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Además promoverán denuncias en instancias como la Organización Internacional del Trabajo y la Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Energía.

Acerca del apoyo que ha recibido el SME, incluidos grupos como el Ejército Popular Revolucionario, la otra campaña, intelectuales y académicos, Esparza opinó que todos son bienvenidos.