El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, informó a senadores que en el operativo policiaco realizado en mayo pasado en Michoacán, elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) violaron los derechos a la legalidad, la seguridad jurídica, el debido proceso y la defensa de los alcaldes, funcionarios y policías detenidos.

En un encuentro en el Senado con legisladores que integran el grupo plural de trabajo para dar seguimiento a la situación jurídica y procesal de los detenidos el pasado 29 de mayo –más de 30 alcaldes, funcionarios, ex funcionarios y policías municipales y estatales–, el ombudsman nacional sostuvo que la investigación de la CNDH concluyó que “hubo allanamientos y cateos de diversos edificios públicos del estado de Michoacán atribuidos a servidores públicos de la entonces denominada PFP.

También la PGR vulneró a los agraviados derechos humanos y se negó a colaborar con la CNDH al no permitirnos acceder a las indagatorias PGR/SIEDO/UEIDCS/2005/2009 y PGR/ SIEDO/UEIDCS/2006/2009.

Asimismo, adelantó a los senadores los nueve puntos que recomienda a la PGR y los cinco señalamientos que hace al secretario de Seguridad Pública por las violaciones de derechos humanos: solicita la reparación del daño a los agraviados, que se brinde auxilio a las víctimas y se tomen las medidas para garantizar que no habrá actos represivos o intimidatorios en su contra y que se inicie averiguación previa a funcionarios de la SIEDO y de de la PFP involucrados en los hechos, entre otras.

La CNDH –aseveró Soberanes– detectó cinco fallas en la actuación del Poder Judicial Federal, mismas de las que ya dio vista al Consejo de la Judicatura:

“1. En la defensa adecuada, no se permitió a los agraviados ni a sus abogados acceso a la consulta de las constancias que integran las causas penales, sino hasta después de que se dictó el auto de formal prisión; no se les informó de las conductas delictivas que se les imputaron ni el nombre de las personas que los acusaron.

“2. Debido proceso. No contaron con abogado desde el momento de su detención; se desahogaron diversas pruebas sin la presencia de sus defensores, por lo que no han podido ejercitar su derecho a una defensa adecuada.

“3. Dilación indebida del proceso. Existe diferimiento de las audiencias relativas a la ampliación de declaraciones de testigos protegidos ofrecidos por la SIEDO hasta enero de 2010, lo cual no permite la determinación de la situación legal de los agraviados.

“4. Presunción de inocencia. No se han desahogado las pruebas por parte de la autoridad para poder determinar la responsabilidad penal de los agraviados, dejando la carga de la misma al imputado para probar su inocencia.

5. Las declaraciones de los testigos protegidos tienen el valor probatorio de indicio; sin embargo, la autoridad judicial determinó que estas testimoniales configuran la prueba circunstancial, otorgándole pleno valor probatorio y con ello sujetar a los agraviados a proceso.

El funcionario pidió a los senadores que vean la situación de defensa de los detenidos de Michoacán porque son gente de escasos recursos que no pueden pagar abogados; tienen por defensores a sus amigos, pero les cuesta trasladarse a los lugares donde se han interpuesto los recursos, ya que la PGR los ha mandado a Acapulco, Culiacán. En la recomendación hay elementos para su defensa adecuada.

Sugirió que si los titulares de la PGR y la SSP no aceptaran la recomendación, citenlos con las facultades constitucionales que ustedes tienen para que les den cuentas del porqué no las aceptan.

El presidente del Senado, Carlos Navarrete, manifestó al ombudsman nacional que su recomendación es valiente, tiene que concluir con responsabilidades penales.

En tanto, Ricardo Monreal, coordinador de la bancad del PT, le dijo que “hizo lo correcto. Lo que acabamos de escuchar es la confirmación de nuestras sospechas de que el operativo policiaco en Michoacán tuvo tintes político-electorales. Usted dijo que hubo graves violaciones a principios elementales de derecho, se desprenden responsabilidades y vamos a interponer denuncias contra los que ordenaron esas detenciones”.

Por el PRI, Ramiro Hernández señaló: La forma y el momento como se hicieron las detenciones indica que fue por coyuntura político-electoral. Con estos elementos que nos da podremos aportar pruebas para que los responsables de violaciones a garantías asuman su responsabilidad.