La demanda de amparo colectivo que presentó este miércoles el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el decreto presidencial por el cual se declaró la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC) fue asignada por sorteo al juzgado primero de distrito auxiliar en el Distrito Federal, a cargo de Guillermina Coutiño Mata, funcionaria del Poder Judicial Federal que carece de experiencia, pues fue nombrada juez hace cuatro meses.

Se trata de una servidora pública que, de acuerdo con información de su ficha biográfica –que puede consultarse en la página de Internet del Consejo de la Judicatura Federal–, nunca ha trabajado en un juzgado o tribunal en materia laboral, sino exclusivamente en órganos jurisdiccionales del ramo administrativo.

Se prevé que este viernes la juez Coutiño decida si admite a trámite la demanda o la desecha.

Una vez que ordene iniciar el juicio se pronunciará sobre la suspensión del acto reclamado que solicitaron los quejosos para que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) no dicte la terminación inmediata de la relación laboral de los trabajadores con LFC, sino hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo.

El constitucionalista Ignacio Burgoa hijo –quien redactó la demanda de amparo con los abogados Néstor de Buen y Raúl Carrancá y Rivas– manifestó a La Jornada que se entrevistó con Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante un acto público efectuado ayer en el estado de México, y refirió que el ministro le aseguró que durante una comunicación telefónica con la juez Coutiño le encargó que se dedicara de tiempo completo a resolver la demanda de garantías del SME.

Por otra parte, este jueves otra juez federal admitió a trámite la demanda de amparo que presentó Martín Esparza, en la cual el dirigente sindical impugna la negativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a otorgarle la toma de nota como secretario general del SME.

De acuerdo con fuentes judiciales, Soledad Rodríguez, juez primera de distrito en materia de trabajo, notificó ayer que dio entrada a la demanda presentada el lunes anterior y emplazó a la STPS a que rinda sus informes justificatorios acerca de la negativa de toma de nota, la cual fue anunciada el 5 de octubre por el secretario del Trabajo, Javier Lozano, quien argumentó supuestas irregularidades en la elección sindical.

No obstante, la juez Rodríguez negó la solicitud del quejoso para suspender provisionalmente la decisión de la STPS, con el argumento de que se trata de un acto negativo jurídico-laboral que es imposible suspender.

Mientras la juez resuelve el juicio de fondo y analiza la legalidad de la negativa de toma de nota (lo cual puede tardar dos meses), Esparza seguirá sin reconocimiento oficial.