sta vez Rubén Aguilar y Jorge G. Castañeda publican El narco: la guerra fallida, libro sobre la guerra contra el crimen organizado. No son válidos los argumentos del gobierno, afirman desde el prólogo de la obra. Y tras desmenuzar las razones esgrimidas por Calderón en su declaración de guerra del 11 de diciembre de 2006 concluyen, con estadísticas de encuestadoras confiables, que México no está en riesgo inminente de que la droga llegue a nuestros hijos, porque el uso de estupefacientes se ha mantenido estable, por debajo de los demás países latinoamericanos, y que tampoco hemos pasado de país de tránsito a país de consumo. Por otra parte, concluyen que la violencia (descontando la directamente atribuible a la guerra presidencial) no va en aumento y que la corrupción es la misma que hemos padecido desde tiempos inmemoriales. Dicen que los cárteles de la droga no amenazan al Estado mexicano, aunque en este punto reconozco que las entrevistas y discursos presidenciales han ido de aquí para allá según conviene a sus muy personales intereses políticos.

Para Calderón somos un Estado en riesgo de ser inviable, si se trata de justificar la guerra contra el crimen organizado, pero estamos lejos de caer en el calificativo de Estado fallido cuando no es necesario esgrimir justificación alguna. (En Guatemala, esta semana, Calderón afirmó en el Congreso que la guerra contra el narco no es una obsesión. se justifica porque el narco busca apoderarse de nuestra sociedad.) Recuerdo que hace un año el Presidente le aseguró a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que en breve regresaría el Ejército a los cuarteles, aunque un día después la Defensa haya anunciado que continuaría el combate porque el narcotráfico había puesto en riesgo la viabilidad del país. Y no obstante la vigorosa defensa a principio del año en Davos, para refutar a funcionarios estadunidenses que nos consideraban un Estado fallido, Calderón había reconocido en Madrid, en junio de 2008, que “el crimen organizado comenzaba a oponer su propia fuerza a la fuerza del Estado, a oponer su propia ley a la ley del Estado, e incluso a recaudar contra la recaudación oficial.

Aguilar y Castañeda analizan la incursión del narco en la vida política, y concluyen que la de hoy no es ni mejor ni peor que la de hace 25 años: la misma corrupción, la misma complicidad, y las mismas áreas grises que impiden identificar claramente a policías y ladrones. ¿Posible participación de altos funcionarios (secretarios y procuradores) en el negocio de la droga? Contestan: resulta tan difícil demostrar o probar que algunos hayan sido cómplices, activos o pasivos, como imaginar que ninguno lo haya sido.

Uno de los motivos para la guerra fue la supuesta importación masiva de armas de grueso calibre de Estados Unidos. Los autores lo rechazan: ni la importación es masiva (lo demuestran con estadísticas confiables) ni todas las armas provienen de Estados Unidos; hoy día más de 14 países producen y venden el arma de elección, el cuerno de chivo.

En una pequeña obra plagada de estadísticas, pero también de buen humor, los autores aseguran que Calderón se pudo haber embarcado en una magna cruzada contra el crimen no organizado, una especie de cero tolerancia a la Rudy Giuliani. Pero eso no hubiera despertado las pasiones y adhesiones de la guerra contra el narco. Y sobre todo, no hubiera sido necesario vestir la casaca militar para publicitar el carácter de comandante en jefe del Presidente. El Ejército no podía convertirse en una fuerza antisecuestro. antifranelera y directamente antiPeje.

En esta guerra perdida de antemano el Presidente olvidó las tres recomendaciones de Colin Powell para la primera guerra del golfo Pérsico: superioridad de fuerzas (avasallar al enemigo), una clara estrategia de salida y una más clara definición de lo que constituye la victoria. Acusamos a Estados Unidos de ser el origen del problema (pinches gringos mariguanos, exclaman los autores parafraseando al mexicano de la calle), pero ellos ya van de salida: están a punto de convertir el tema del consumo en un problema social y de salud, mientras nosotros lo seguimos considerando un problema penal: perseguir y castigar, no rehabilitar. Uno de los autores propuso hace poco negociar con el narco y ahora proponen una solución al estilo de Colombia: atacar los daños colaterales (robo, secuestro, delitos menores), mientras el Estado se enfrasca con el narco en un quid pro quo de valores entendidos: qué puedes hacer y qué no.

Dicen que en el tema de las drogas todos los estados se hacen de la vista gorda. Grave acusación, la de Aguilar y Castañeda, porque las conclusiones, anticipadas en el inicio de la obra, plantean una pregunta obligada que también fue contestada en el prólogo: la razón primordial de la declaración de guerra fue política: lograr la legitimación supuestamente perdida en las urnas y los plantones, a través de la guerra en plantíos, calles y carreteras, ahora pobladas por mexicanos uniformados.

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