José Luis Contreras, quien hasta el pasado viernes fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), y quien forma parte del equipo de unos 500 litigantes que integran el denominado Frente amplio de abogados y juristas por la defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de la industria eléctrica nacional, fue víctima la noche del lunes de un robo en su domicilio. Los delincuentes únicamente sustrajeron una computadora portátil y su agenda personal.

En entrevista, Contreras dijo que este robo inusual ya fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), que encabeza Alberto Bazbaz, en donde se inició una averiguación previa.

De su lado, Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y asesor jurídicos del SME, aseguró que el robo a la casa de Contreras es un nuevo acto de intimidación contra los abogados que asesoramos a Martín Esparza (líder de los electricistas), el cual se suma a lo ocurrido el pasado 27 de julio en el Distrito Federal, cuando fueron violentadas las instalaciones de la agencia de noticias Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), donde Fuentes tiene su despacho.

Apenas hace tres semanas, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, ocurrió un robo similar a los dos anteriores: una camioneta propiedad del presidente colegiado de la Unión de Juristas de México, Eduardo Miranda Esquivel –miembro del frente de abogados que asesoran a Esparza–, fue abierta por la fuerza. Del vehículo extrajeron documentos correspondientes a diversos litigios en los que participa el abogado.

El robo en el domicilio de José Luis Contreras ocurrió la noche del pasado lunes en el municipio mexiquense de Cuautitlán Izcalli. Los delincuentes se llevaron una laptop que contenía archivos del trabajo jurídico del litigante –incluidos algunos sobre las supuestas violaciones legales en que incurrió el gobierno al decretar la extinción de Luz y Fuerza–, así como la agenda personal del afectado; no obstante, en el lugar quedaron intactos aparatos eléctricos, dinero en efectivo, ropa y otros utensilios, por lo que se presume que se trata de un acto de intimidación.

Durante una entrevista publicada el pasado 14 de octubre en este diario, José Luis Contreras informó que se sumaba al colectivo de abogados laboralistas que consideran que el decreto de extinción de LFC, del presidente Felipe Calderón, es totalmente ilegal e inconstitucional.