Las primeras demandas de amparo de trabajadores afectados con el decreto presidencial que extinguió la paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LFC) se esperan para este lunes, informó en entrevista telefónica Manuel Fuentes Muñiz, miembro del equipo de abogados laboralistas que asesoran a Martín Esparza y al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Ya tenemos avalado y listo un proyecto de demanda que elaboramos el cuerpo de abogados del SME; el documento ya lo entregamos a la dirección sindical para que este lunes se le dé el uso que sea conveniente para efecto de las impugnaciones personales. Entiendo que los primeros amparos estarán entrando este lunes, indicó el litigante.

Dijo que desafortunadamente algunos trabajadores electricistas han manifestado preocupación y desconfianza con el tema de los amparos masivos, porque un grupo de abogados que forman parte de despachos privados, totalmente desconocidos en el ambiente jurídico laboral, se están acercando a ofrecerles sus servicios, pero buscan solamente lucrar con los intereses de los quejosos.

Explicó que los únicos abogados autorizados por el Sindicato Mexicano de Electricistas para elaborar las demandas de garantías, y que se han comprometido a no cobrar a los trabajadores, son los que integran los despachos jurídicos del constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas, del doctor en derecho laboral Néstor de Buen y los miembros del Frente de Abogados en Defensa de la Energía Eléctrica y de su sindicato, quienes en cuanto somos abordados por los electricistas de inmediato nos identificamos como integrantes de este frente, y todo lo hacemos directamente en las instalaciones del sindicato.

Fuentes Muñiz recordó a los trabajadores que de ninguna manera están obligados a devolver ningún bien propiedad de la extinta LFC si la autoridad federal no se los requiere de manera particular. Agregó que el aviso que publicó el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, para que los trabajadores de la paraestatal devuelvan todos los bienes en su poder, es ilegal y no cumple con los requerimientos administrativos mínimos para tomarse en cuenta.  

Este aviso otra vez incurre en aspectos ilegales, porque está violando la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, que señala claramente que todo comunicado, todo documento emitido por el gobierno, debe ser preciso y señalar en qué circunstancias o por qué razones lo hace. No se pueden devolver bienes sin precisar a qué trabajadores se refiere (por lo que) se está planteando que ningún trabajador debe entregar ningún bien si no le es requerido legalmente, señalando su nombre y qué bienes deben ser. No entreguen bienes porque no está fundamentado, porque no hay ningún inventario, aseguró el abogado del SME.

Fuentes Muñiz destacó que si alguien regresa un bien, estaría reconociendo que ya es un ex trabajador de Luz y Fuerza, sin que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) se haya manifestado al respecto.