Villahermosa, Tab. 23 de octubre. El Poder Judicial de la Federación y los tribunales estatales del país contrataron a la empresa de asesoría Price Waterhouse Coopers para que elabore el perfil del juzgador. Ese modelo servirá como base para el establecimiento de criterios de admisión, capacitación y carrera judicial de los futuros jueces.

La participación de la iniciativa privada en temas relacionados con la justicia también se aplicará en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y en los órganos disciplinarios locales, en los cuales se llevará a cabo una evaluación externa sobre el procedimiento y la forma en que los consejeros resuelven las quejas administrativas que se presentan contra jueces de distrito y magistrados de circuito.

Al concluir este jueves los trabajos de la cuarta Asamblea General de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), encabezada por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, en la que participaron los presidentes de la mayoría de los tribunales del país, se acordó que dicha evaluación externa empezará lo antes posible.

Funcionarios judiciales reconocieron que en sus 15 años de existencia el CJF no ha sido capaz de crear el perfil idóneo del juzgador y tampoco ha podido consolidar la carrera judicial, lo cual hace necesario buscar nuevas soluciones y métodos para avanzar hacia ese objetivo.

Representantes de Price Waterhouse Coopers participaron en una de las 11 mesas de trabajo de la asamblea, denominada capacitación judicial, en la cual presentaron el primer esbozo de los futuros juzgadores. Se espera que el año próximo el proyecto estará terminado y los órganos jurisdiccionales se encontrarán en condiciones de avanzar hacia la homologación de criterios que normen la selección futura de los juzgadores.

Otro tema abordado en el encuentro fue la preocupación sobre la operación de los centros alternativos de justicia, previstos en la nueva ley de justicia penal. Se reconoció a los centros de mediación como entes que coadyuvan al alivio del rezago judicial en el mediano y largo plazos, sin embargo, señalan las conclusiones del acto, hasta el momento no ha sido posible medir el impacto que tendrán esas disposiciones.

Necesarios, más fondos para capacitación

La AMIJ subrayó que la implementación del nuevo modelo de justicia penal requerirá fondos suficientes para capacitar al personal y crear las condiciones materiales para establecer los juicios orales.

Los participantes abordaron el impacto que han tenido las recientes modificaciones al artículo 123, apartado b, fracción 13, el cual prohíbe la reinstalación de todo policía, agente del Ministerio Público y perito que haya sido despedido por dependencias estatales y federales.

El problema, expresaron los jueces administrativos, es que en los juicios laborales presentados por ellos las autoridades involucradas han sido condenadas a indemnizarlos, y como no existe una ley reglamentaria al respecto cada tribunal fija los montos de indemnización según su parecer e incluyen o no días de vacaciones, aguinaldo, etcétera.

Esto se ha traducido en indemnizaciones millonarias y con montos sumamente disparejos, que además ya empiezan a afectar el presupuesto de las dependencias.

El ministro Ortiz Mayagoitia aseveró, al dar por concluidos los trabajos, que la sociedad mexicana cuenta con jueces que trabajan también fuera de los expedientes para brindar justicia de excelencia, que sirva para fortalecernos como país convencido de su democracia constitucional y de su deseo de vivir en armonía y dignidad.