La Paz, BCS, 22 de octubre. La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local presentó este jueves una iniciativa de reformas al Código Penal y a la Ley de Salud de Baja California Sur para despenalizar la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación.

De igual forma, propuso que la pena para las mujeres que se practiquen un aborto después de ese periodo –que actualmente es de uno a tres años de prisión–, sea de dos a seis meses, conmutable por trabajo en favor de la comunidad durante un periodo de 30 a 100 días.

En cuanto a la interrupción de un embarazo de manera forzada, los diputados del sol azteca proponen una pena de entre cinco y ocho años de prisión, y si mediare violencia física o moral, la sanción sería de ocho a 10 años de cárcel.

Cuarta causa de muerte

La diputada perredista Graciela Treviño Garza expuso que el aborto no es un asunto de criminalidad, sino un serio problema de salud, pues según cifras oficiales, es la cuarta causa de muerte entre mujeres mexicanas en edad reproductiva.

Añadió que aun utilizando métodos anticonceptivos existe el riesgo de embarazo y aumenta entre mujeres que sufren violencia sexual por parte de sus parejas. Sostuvo que Baja California Sur es uno de los estados con mayor índice de agresiones de ese tipo en el país.

Penalizar la interrupción de la gestación orilla a las mujeres embarazadas sin así desearlo a acudir a clínicas clandestinas, lo que genera situaciones de tremendo riesgo, indicó Graciela Treviño.

Agregó que en 2005 se aprobaron reformas al Código Penal de Baja California Sur para que las mujeres puedan abortar de manera legal en caso de violación, inseminación artificial no consentida, malformaciones congénitas o genéticas del producto, y por grave afectación a la salud de la madre.

Treviño Garza sostuvo que la falta de información, los prejuicios morales y la censura al tema propiciaron la negación de ese derecho en el sistema de salud, incluso cuando la víctima de una violación hubiese obtenido autorización ministerial.

Precisó que durante 2008 en Baja California Sur se practicaron en unidades de salud mil 394 abortos; no obstante, un gran número de mujeres, principalmente de escasos recursos, no acude a los servicios médicos a solicitar este servicio porque persiste la idea que es ilegal.