La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el gobierno de Hidalgo y la presidencia municipal de Zimapán omitieron informar a la población de ese ayuntamiento sobre la instalación de un confinamiento de residuos peligrosos y las consecuencias de su operación.

Por ello, la CNDH emitió una recomendación dirigida a los titulares de esas dependencias y gobiernos, debido a que se provocaron perjuicios al interés social, pues los habitantes de esa localidad tienen derecho a recibir información clara y veraz de las medidas de operación y seguridad de tal confinamiento, así como de los programas de emergencia en caso de accidentes.

En un comunicado, la CNDH informó que la recomendación también se debe a los hechos de violencia ocurridos el 2 de diciembre de 2007, cuando policías sometieron a varias personas en las inmediaciones de la planta.

El personal de la CNDH constató que las celdas de confinamiento de residuos están en una hondonada, por lo que es importante controlar la posibilidad de escurrimientos superficiales y tener en cuenta el aforo de agua en época de lluvias.

El organismo agregó que deben analizarse las características de reactividad, explosividad, toxicidad e inflamabilidad durante la vida del confinamiento para asegurar que las sustancias tóxicas no escurran fuera del confinamiento.

Determinó que deben desarrollarse nuevos estudios para obtener información actualizada y desarrollar un plan alternativo para la recuperación de esas sustancias y el consecuente plan de remediación ambiental.