La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) convalidó ayer, con el voto disidente del ministro Genaro David Góngora Pimentel, la legalidad de la venta de unos 56 mil créditos otorgados por el Instituto de Fomento Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) a dos empresas privadas especializadas en la recuperación de cartera vencida.

Fue la cuarta ocasión en que esa sala discutió en privado el asunto. Los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos y Fernando Franco González Salas (estuvo ausente Mariano Azuela) resolvieron que la venta de cartera vencida no viola la Constitución. Este fallo sentó jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales colegiados de circuito del país.

En octubre de 2005, la cartera fue adquirida por las empresas Scrap II y Recuperadora de Deuda Hipotecaria (RDH), que pagaron mil 600 millones de pesos por 56 mil 491 créditos vencidos.

Scrap II pertenece a la empresa mexicana Pendulum Associates, mientras RDH formaba parte en 2005 de GMAC, filial de General Motors; hoy pertenece a la empresa mexicana Zendere.

La determinación de la Corte fue criticada ayer por Laura Itzel Castillo, presidenta del Consejo de Defensa de Vivienda (CDV) y diputada federal por el Partido del Trabajo (PT), quien, en entrevista, aseguró que los ministros demostraron que carecen de sensibilidad social en plena época de crisis económica mundial, que afecta sobre manera a México.

La legisladora ha sostenido desde el inicio de este litigio que en 2006 el Infonavit vendió de manera irregular a dos trasnacionales los 56 mil créditos, a un precio promedio, de unos 25 mil pesos.

La diputada petista representa a decenas de trabajadores afectados, muchos de los cuales obtuvieron amparos de tribunales federales (bajo el argumento de que no era legal la venta de cartera vencida a empresas privadas), mientras a otros quejosos se les había negado la protección de la justicia, lo que generó una contradicción de criterios entre tribunales colegiados de circuito que ayer fue aclarada por la segunda sala de la Corte.

Durante una entrevista que concedió el pasado 19 de agosto, en las instalaciones de la Suprema Corte, la diputada Castillo cuestionó el proyecto de resolución elaborado por el ministro Aguirre Anguiano.

Ese día, Castillo recordó que una semana antes, cuando Aguirre recibió a un grupo de deudores que pidieron el amparo, “nos dijo en su despacho que la política no servía para nada, y que la cuestión social estaba tan alejada como Júpiter… a lo cual yo le contesté que la justicia para él era la que estaba tan alejada como Júpiter… Me dijo que no le faltara al respeto; yo le contesté que no me faltara él al respeto, a mí y a los trabajadores que estaban en esta situación, pero él sólo se rió”.