El Ejecutivo no puede ocultar que favorece a Monsanto con la aprobación de 15 licencias para la siembra experimental de maíz transgénico; la decisión indigna a la comunidad científica, asentó Elena Álvarez Buylla, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS).

Esto es una pesadilla. Los permisos ponen en riesgo el maíz, que debe considerarse un bien público más importante que el petróleo y el futuro de la seguridad alimentaria. Espero que renuncie el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Elvira Quesada, porque se dejó presionar por los agentes de esa empresa y no atendió los argumentos científicos.

En conferencia de prensa, Álvarez Buylla y Alma Piñeyro, especialistas en genética molecular de plantas, sostuvieron que se está atentando contra una planta de vocación alimenticia y se pone en riesgo la salud humana. Se está vendiendo algo de alto riesgo que implica incertidumbres irreversibles.

No se puede descartar la contaminación de los maíces criollos con las semillas genéticamente modificadas propiedad de Monsanto, y Down Agrosciences / Pioneer. Es demasiado valioso lo que se pone en riesgo, por eso demandamos una política de Estado comprometida con el beneficio social y la sustentabilidad.

La UCCS dio a conocer ayer la carta enviada el pasado 29 de septiembre al presidente Felipe Calderón, firmada por más de 600 científicos, investigadores y ciudadanos, en cuyo primer párrafo sostienen que por el conocimiento de la evidencia científica disponible, esta decisión representa un riesgo desproporcionado e innecesario que debe evitarse a toda costa por el bien de México y del mundo.

Asientan su preocupación porque se han ignorado los argumentos de los científicos y de los expertos en el campo de las huma- nidades y las disciplinas sociales respecto a la inconveniencia de introducir maíz genéticamente modificado.

En el escrito de seis cuartillas –puede consultarse en www.unionccs.net– mencionan que otros gobiernos han tomado en cuenta la evidencia científica y decidido detener la siembra e incluso la importación de transgénicos y sus derivados, lo cual hace que la posición de su gobierno sobre este asunto sea aún más incomprensible e injustificada.

Explican que no hay diferencia visible entre las variedades del grano genéticamente modificado y el no modificado, por lo que es prácticamente imposible tener un sistema de monitoreo que permita la segregación de ambas líneas del grano a un nivel mínimamente aceptable.