Prácticamente sin argumentar el sentido de la decisión, los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) desecharon la queja del Partido de la Revolución Democrática (PRD) contra el ex director de la Lotería Nacional, Miguel Ángel Jiménez, acusado de pretender pagar propaganda de la campaña del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Campeche con cargo a la institución. El carpetazo que dio el IFE se añade al que dio la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales, por lo que las acciones de Jiménez quedarán sin sanción.

Qué mal mensaje dan las autoridades a los ciudadanos que denuncian actos de corrupción y de uso indebido de recursos públicos para apoyar candidatos y partidos. ¿Por qué? Porque no pasa nada, les reprochó el perredista Rafael Hernández, poco después de recordar que la maniobra ilegal fue denunciada en su momento por el Diario de Yucatán, al que se pretendía comprar esos espacios para el PAN, los cuales serían facturados a la Lotería Nacional.

Con excepción del consejero Marco Antonio Gómez Alcántar, quien consideró que el IFE no puede sancionar intenciones, pues el hecho no se concretó, el resto de sus compañeros se limitaron a levantar la mano para exculpar a quien fue integrante del Consejo General del IFE como representante de Nueva Alianza.

Hernández criticó el dictamen aprobado, que entre otros argumentos señalaba que no había indicio alguno de que esa pretensión hubiera afectado la campaña electoral federal. Lo único que perdió este señor fue la honra y la chamba, pero la violación a la ley queda impune, les dijo Hernández, pero nadie le contestó. Sólo hablaron los votos en bloque de los consejeros y por unanimidad se finiquitó el tema.

En otro caso que el IFE había optado por no sancionar, los consejeros debieron aprobar –más que por voluntad, por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que les devolvió el expediente– dar vista al Congreso del estado sobre la difusión ilegal de propaganda institucional que el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Javier Hernández, hizo en el periodo de campaña, por medio de boletines de prensa.

A pesar de la orden, algunos consejeros salieron a criticar la decisión del TEPJF y otros a solicitar que se matizara el dictamen. Gómez Alcántar acusó a los magistrados de incurrir en contradicción de criterios. Si los casos de Demetrio Sodi y de la revista Vértigo –con un anuncio del presidente Felipe Calderón– no fueron considerados propaganda, ahora, enfatizó, la difusión de boletines si se considera propaganda.

Otros consejeros avalaron el criterio del TEPJF por considerar que está prohibida la difusión de acciones de gobierno en periodo electoral. En su momento, la priísta Mariana Benítez criticó que el dictamen de la secretaría ejecutiva incluyera párrafos de la legislación en los que se habla de que las conductas ilegales de los mandatarios pueden derivar en juicio político, lo que le pareció una inducción de la sanción posible al Congreso del estado.

El consejero Marco Antonio Baños recogió la preocupación priísta y, si bien estuvo de acuerdo con el acatamiento de la sentencia propuso y obtuvo los votos para que se cancelaran los párrafos donde se aludía al juicio político.

Finalmente fueron aprobados los estatutos del Partido Verde Ecologista donde se modifica la figura del presidente del partido por el de secretario general, aunque se expresó que para todos los efectos la figura será equiparable.