La asamblea de ejidatarios de Jotolá (municipio de Chilón, Chiapas) adherentes de la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) denunció que miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) pretenden hacer reparto de las tierras con una falsa mayoría, con base en personas ajenas al ejido, militantes de la mencionada organización oficialista, la cual ha sido señalada como paramilitar en múltiples ocasiones.

Hace un mes, miembros de la Opddic secuestraron y amagaron con linchar a un abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y agredieron a campesinos de Jotolá y del vecino San Sebastián Bachajón que realizaban una asamblea en la casa ejidal. En esos hechos resultó herida Rosa Díaz Gómez, quien aún se encuentra hospitalizada, en estado grave, a consecuencia de los golpes recibidos el pasado 18 de septiembre.

El grupo paramilitar pretende provocarnos para caer en una confrontación, expresan los ejidatarios a las juntas de buen gobierno (JBG) zapatistas de los Altos y Morelia. En el intento de apropiarse de las tierras de Jotolá, buscan “hacer el reparto pasándose de ser ‘mayoría’ involucrando a otras personas y jóvenes de Delina Baja, liderados por Jerónimo Moreno Pérez y Juan Pérez, trayendo a jóvenes provocadores, los mismos que se dieron presencia el día de la emboscada”. Estos no son ejidatarios y no tienen nada que ver dentro de nuestro territorio.

Denuncian que las dos personas mencionadas, quienes usurpan la autoridad agraria, organizando a los grupos contrarios a la repartición de tierra, son autoridades ejidales del gobierno. Los ejidatarios sostienen que respetarán una convocatoria que emita la procuraduría agraria, pero los intentos denunciados ocurren sin consentimiento de las autoridades ejidales. Señalan que si hacen la repartición sin la asamblea, están violando los artículos 22 y 23 en materia agraria.

Por su parte, en otra comunicación pública dirigida a las JBG zapatistas, el Frente Popular Campesino Lucio Cabañas, también adherente de la otra campaña, y basado en municipios de la zona fronteriza (La Trinitaria, Las Margaritas y Comitán) denuncia que las autoridades pretenden despojar a 25 familias de las tierras donde viven y trabajan desde hace diez años en la comunidad Lázaro Cárdenas (La Trinitaria).

Refieren que en 1999 entraron a trabajar en el rancho La Yuria (nombre inspirado en uno de los libros más celebrados del poeta oficial de Chiapas, Jaime Sabines), propiedad de Ismael Gutiérrez Sánchez, quien en 2004 asesinó a una persona de nombre Osmar, y por ese motivo el patrón Ismael huyó del lugar sin aviso ni mucho menos nos pasó nada, por eso seguimos trabajando la tierra.

Ahora, cinco años después, se presentó un funcionario de la Procuraduría General de Justicia del estado a exigirnos que entregáramos la tierra a un sujeto que dice es representante del patrón. De nombre Miguel, ofrece dinero. Los campesinos argumentan: Sabemos que la madre tierra no es negocio. Todos nosotros la hemos trabajado por 10 años, cinco como peones y otros cinco como si fuéramos los dueños, pues el patrón dejó la tierra tirada.

Los labriegos reclaman su derecho sobre esos predios. Citando al general Emiliano Zapata, sostienen que la tierra es de quien la trabaja y advierten que la defenderán hasta las últimas consecuencias.