Aunque las instituciones democráticas del país han avanzado, todavía hay mucho por hacer para fomentar una cultura democrática y participativa, señaló la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís Figueroa.

Al inaugurar el seminario internacional A 50 años de la cultura cívica. Pensamientos y reflexiones, la magistrada consideró que en México se valora cada vez más la información que tienen los ciudadanos, pero esto implica que las instituciones también se deben comprometer a abrir toda su información y poner sus decisiones al escrutinio público.

El involucramiento de los ciudadanos en las decisiones públicas implica que las autoridades nos abramos, que los ciudadanos puedan ser participativos y críticos de nuestras decisiones, dijo la magistrada Alanís en el auditorio Héctor Fix Zamudio, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El seminario internacional que durará toda la semana celebra la trayectoria académica del profesor Sidney Verba, catedrático emérito de la Universidad de Harvard, quien en 1963 fue coautor, junto con Gabriel Almond, de La cultura cívica. Actitudes políticas y democracias en cinco naciones, texto que marcó un parteaguas en las ciencias políticas y sociales. Verba impartió anoche en el mismo auditorio una conferencia magistral.

De acuerdo con los organizadores, el estudio de la cultura política en México tuvo un momento fundacional con esta publicación, en la que los autores compararon la cultura política de cinco naciones: Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Italia y México. La conclusión general es que existen tres tipos principales de cultura política: La parroquial, en la que los sujetos del régimen político conocen y esperan poco de las instituciones políticas; la cultura del súbdito, en la que el conocimiento sobre el gobierno es mayor pero en la que los sujetos del régimen participan poco, y la cultura participativa en la que los ciudadanos conocen más sobre el régimen y esperan que las decisiones que toman sus gobernantes respondan a la influencia que ejerzan los ciudadanos sobre ellos.