ara tener éxito en la guerra que el gobierno federal declaró al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) necesitaba propinar a sus trabajadores un golpe demoledor en un plazo relativamente breve. No ha sido así. Conforme pasan los días, la situación se ha vuelto cada vez más compleja y difícil para Felipe Calderón. La ventaja obtenida por el factor sorpresa tiende a disminuir.

Cinco elementos son claves en esta conflagración: a) la capacidad de la administración para garantizar el servicio eléctrico razonablemente bien; b) el número de trabajadores electricistas que acepten la liquidación; c) la percepción de la opinión pública sobre el sindicato, los trabajadores y la justeza de la medida gubernamental; d) el escalamiento del pleito y el involucramiento o deslinde de otros actores políticos, y e) la naturaleza de la solidaridad que el SME logre concitar entre otros gremios y sectores de la población.

El pasado 14 de octubre pobladores de Ocoyoacac, en el estado de México, bloquearon la autopista México-Toluca en protesta por la falta de energía eléctrica. En el Distrito Federal, 72 colonias de 12 delegaciones padecieron interrupciones del fluido y problemas con el suministro de agua potable. Antes del cierre de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el promedio diario de apagones en la ciudad de México era de cinco.

Un día más tarde la situación no mejoró. Autoridades de los municipios de Otumba, Nopaltepec, San Martín de las Pirámides y Axapulco reportaron fallas que duraron ocho horas. El Consejo Coordinador Empresarial mexiquense informó de seis apagones en parques industriales y cortes de energía en 200 empresas asentadas en Tlanepantla, Naucalpan y Lerma, que provocaron pérdidas millonarias.

Hay irritación social. Y no parece que el servicio vaya a funcionar medianamente bien. Políticos y autoridades culpan a los trabajadores de sabotaje. Es falso. La presencia de la Policía Federal en las subestaciones y oficinas impide que nadie se acerque. Los apagones son provocados por las mismas causas que siempre los han producido: equipo viejo y falta de mantenimiento. Pero se han agravado porque los electricistas que conocen a fondo su materia de trabajo fueron despedidos, y quienes ocupan su lugar no están familiarizados con las redes. Hay zonas en las que ni siquiera existen planos.

Hasta ahora, la pretensión de restar base social al sindicato mediante jugosas liquidaciones ha resultado un fracaso. Así lo han reconocido los mismos comentaristas que aplaudieron la medida gubernamental. Los pocos trabajadores que han acudido a recibirlas han sufrido malos tratos y han tenido que esperar muchas horas para ser atendidos. Muy probablemente quienes hasta el momento han aceptado renunciar a la empresa ha-brían accedido irse antes del conflicto de haber recibido una oferta similar.

Las encuestas de opinión serias muestran que, aunque sigue siendo mayoritario, cada día disminuye entre la opinión pública el apoyo al cierre de LFC. Según El Universal, 48 por ciento aprueba la medida contra 43 por ciento que está en contra (14 de octubre de 2009).

Con dificultad, los electricistas han demostrado que es falso que sean privilegiados: más de la mitad de ellos apenas gana menos de 6 mil pesos al mes. Los beneficios que otorga su contrato colectivo son menores a los que obtienen los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la compañía que, según los planes gubernamentales, sustituirá a LFC. Como ha documentado en estas mismas páginas José Antonio Almazán, los trabajadores, sus salarios y prestaciones no representan ni siquiera 15 por ciento de los ingresos de la empresa por venta de energía eléctrica.

De la misma manera, se ha ido esclareciendo que el problema con LFC es un esquema de funcionamiento que descapitaliza a la compañía, en el que la CFE le vende cara la energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la obliga a revenderla a los usuarios a un precio por debajo de lo que tuvo que pagar.

La declaración de guerra del gobierno federal al SME ha polarizado la vida política nacional: los que están en favor de la liquidación de LFC y los que la rechazan. No hay espacio para posiciones intermedias. Tal como sucedió con el intento de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador en 2004, el Partido Revolucionario Institucional ha perdido centralidad política en la coyuntura, a pesar de ser el ganador de las pasadas elecciones. Los amarres que la Secretaría de Gobernación había hecho con dirigentes del PRD y de la Unión Nacional de Trabajadores para que prestaran un apoyo marginal a los electricistas se deshicieron rápidamente.

El conflicto está muy lejos de ser un mero pleito entre el SME y el gobierno federal. Se ha convertido en un punto nodal de la lucha de clases en el país.

El pasado miércoles 14, durante un acto patronal de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, Felipe Calderón recibió una cerrada ovación del mundo empresarial. Dos días antes, miles de electricistas efectuaron un concurrido mitin junto con López Obrador. Un día después nombraron mediador a Marcelo Ebrard, quien solamente aceptó ser observador.

Los electricistas han logrado articular una variopinta coalición solidaria en la que participan lo mismo organizaciones obreras, estudiantiles y campesinas. Multitud de jóvenes estudiantes viven el agravio sufrido por los trabajadores como propio. Los universitarios tienen ahora una causa a la cual sumarse. Internacionalmente, el movimiento sindical ha comenzado a fijar posición en favor del SME. El asunto puede convertirse en una molesta piedra en el zapato gubernamental.

El gobierno necesita ganar tiempo para restablecer el servicio, desangrar al sindicato liquidando a sus afiliados, seguir vendiendo en la opinión pública la idea de que el asalto al SME es una medida modernizadora y anticorporativa, y evitar explosiones de descontento social. Conforme los días avanzan da la impresión de que Felipe Calderón no midió las consecuencias de su aventura.