Oaxaca, Oax., 16 de octubre. El gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, advirtió hoy que continuará en el cargo hasta diciembre de 2010, cuando deba entregar el poder al candidato del PRI que va a ganar las elecciones, a pesar de las voces que demandan su renuncia y que sea sometido a juicio político luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo encontró culpable de violar derechos humanos de los oaxaqueños durante el conflicto de 2006 y 2007.

Indicó que esto forma parte de una campaña de sus adversarios, de los que ante la falta de respaldo de la población oaxaqueña para el proceso electoral de 2010, como no les dan los números están preocupados y por eso buscan argumentos, porque todo apunta a que el PRI va a ganar.

El gobernador manifestó su desacuerdo por la resolución de la SCJN y cuestionó la exclusión que hicieron del ex presidente Vicente Fox y de los mandos de la Policía Federal Preventiva.

Aún más, el gobernador priísta felicitó a los magistrados de la Comisión Investigadora del Caso Oaxaca (Manuel Baraimar Constantino y Roberto Lara Hernández), por la profunda investigación realizada donde se incluye a Fox Quesada, pero no se tomaron en cuenta los argumentos y quedaron de lado.

–¿Como qué argumentos?

–Que hayan excluido a autoridades que en principio ya estaban incluidas y que hayan incluido a autoridades que en principio no estaban incluidas.

–¿Se refiere a Fox?

–A Fox, a mí, a diferentes nombres que se estuvieron manejando.

Señaló que no está preocupado por un eventual juicio político en el Congreso federal “porque hay un informe profundo, repito, extenso, exhaustivo de la propia Corte, que nos va a dar todos los elementos para ganar en cualquier foro que se presente y demostrar quiénes fueron los responsables.

“En cualquier foro donde se nos solicite vamos a demostrar con esa investigación quiénes son los responsables. La sociedad oaxaqueña conocerá las ‘gentes’ que financiaron las acciones, los asuntos que se vivieron en 2006, los responsables de violación de derechos humanos”, remarcó.

En este contexto, cientos de seguidores de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) marcharon por las principales calles de la ciudad para exigir la liberación de uno de sus compañeros, Juan Manuel Martínez Moreno, acusado de ser el autor material del asesinato del camarógrafo estadunidense Brad Will, y para demandar juicio político a Ruiz Ortiz.

En un mitin efectuado en el zócalo, frente al antiguo palacio de gobierno, Gabriel López Chiñas, secretario de organización de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dijo que el dictamen de la SCJN deja una tarea impostergable para el movimiento magisterial y popular, porque no se puede quedar solamente en recomendación.

Necesitamos, señaló, dar el siguiente paso y acudir a las instancias federales y estatales, así como a las cortes internacionales, para que sea castigado (el mandatario) por la represión desatada en contra del pueblo.

Destacó que la APPO también deberá exigir el ejercicio de la acción penal para el ex secretario general de Gobierno, Jorge Franco Vargas, ahora diputado federal, y la ex procuradora de Justicia Rosa Lizbeth Caña Cadeza, auditora superior del estado en funciones, por ser quienes operaron la represión.

López Chiñas dijo que la sección 22 del SNTE entregó ayer formalmente a diputados federales en el Palacio Legislativo de San Lázaro la demanda de juicio político para Ruiz Ortiz.

No obstante, dijo que si bien Ruiz Ortiz no es sometido a juicio político, no escapará al juicio del pueblo de Oaxaca y para el pueblo es culpable de asesinatos, de tortura y de detenciones ilegales.