Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmando la responsabilidad del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, en las violaciones a los derechos humanos, el ministro José Ramón Cossío sostuvo que ahora compete al presidente Felipe Calderón y al Congreso definir si procede el juicio político. Senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Convergencia dijeron que no hay duda de la procedencia del procedimiento por la responsabilidad que le imputó el máximo tribunal.

En la Cámara de Diputados, los legisladores oaxaqueños guardaron silencio respecto de la resolución por los sucesos violentos en Oaxaca en 2006. Sin embargo, la fracción priísta rechazó los argumentos de la Corte, porque es una determinación que no contempla la realidad y carece de elementos para señalar a Vicente Fox como el verdadero responsable.

Entrevistado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el ministro informó que la Corte enviará a los otros poderes del estado la resolución y ellos sabrán qué determinaciones tienen que tomarse.

Combate a la impunidad

–¿Exhortaría a tomar decisiones para que las violaciones a derechos humanos no queden impunes? –se le preguntó.

–Cumplimos lo que manda la Constitución: hacer la investigación, señalar que sí hubo violaciones graves e indicar los nombres de las personas que, a nuestro juicio, cometieron esas violaciones graves. Ya no nos corresponde determinar qué sanciones es justo imponer: eso es competencia de las autoridades que recibirán nuestra resolución.

Cossío Díaz destacó la importancia de que la SCJN identificara a los responsables de las graves violaciones a garantías fundamentales durante el conflicto social encabezado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), donde organizaciones nacionales e internacionales comprobaron homicidios, torturas, detenciones arbitrarias, entre otros abusos.

En el Senado, el perredista Silvano Aureoles, consideró una atrocidad lo que hizo Ulises Ruiz en Oaxaca y tiene que responder por ello, en un juicio político y una investigación ministerial.

A su vez, el senador de Convergencia Luis Maldonado estimó que la responsabilidad política y administrativa de Ruiz es inequívoca, y esos hechos condenados por la Corte no pueden quedar impunes, ya que se sumarían a innumerables expedientes criminales, de asesinatos, secuestros y desapariciones, cuya responsabilidad apunta, también inequívocamente, al gobernador.

El panista Santiago Creel consideró que si la Corte encontró que se violentaron derechos humanos quiere decir también que se violentó la Constitución, y por lo tanto esto tiene efectos jurídicos, en materia de juicio político y también de una investigación ministerial, para buscar que se tipifiquen esos delitos.

Los priístas, en tanto, salieron en defensa de Ruiz. El senador Adolfo Toledo Infanzón sostuvo que Oaxaca está en paz, en orden, y lo que pasó en 2006 es parte de la historia.

Resaltó que la resolución de la Corte no tiene un carácter vinculatorio, y expresó serias dudas de por qué en el resolutivo se excluyó de responsabilidad al gobierno federal.

En la Cámara de Diputados, el vicecordinador del Revolucionario Institucional, Jorge Carlos Ramírez, dijo que para su partido la decisión de la Corte no contempla la realidad, porque nos parece que juzgar a un gobernador en esos términos, y por hechos de los que ni siquiera tuvo el control total, es una decisión difícil pero que de ninguna manera compartimos.

–¿Se tendría que probar que la Policía Federal fue la encargada de resguardar la seguridad en el estado?

–No creo que sea necesaria la prueba. A la opinión pública le consta porque los noticiarios durante más de un mes estuvieron reportando la presencia de esas fuerzas, que eran las que tenían a su cargo la seguridad de Oaxaca.

–¿Se abre la posibilidad de iniciar un juicio político contra el gobernador?

–Vamos a combatir cualquier situación que afecte a un gobernador que no hizo más que cumplir exactamente con la ley.

–¿Se equivocó la Corte?

–Es una opinión que sólo contempló una parte de los hechos.

–¿Faltaría Vicente Fox?

–Sin duda, no solamente Vicente Fox, sino quienes eran responsables de las fuerzas de seguridad. Es una decisión que no compartimos.

Tras reunirse con los opositores del gobernante oaxaqueño, los diputados perredistas Víctor Castro, Adán López, Rodolfo Lara, Roberto Salgado, Leticia Quezada y Agustín Guerrero anunciaron la decisión de impulsar el procedimiento de juicio político (que se desarrollaría en la sección instructora) para desaforar a Ruiz.