Al continuar ayer la discusión sobre la decisión del gobierno federal de liquidar Luz y Fuerza del Centro (LFC), la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados acordó solicitar a la Secretaría de Hacienda un informe acerca del impacto que tendrá esa medida y que explique de dónde obtendrá los 20 mil millones de pesos que destinará al pago de liquidaciones de los trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

En el Senado, PRD, PRI y PT exigieron al gobierno de Felipe Calderón que se conduzca dentro del marco de la ley y deje de violentar las garantías constitucionales de los empleados.

Enviar a la Policía Federal a que saque de sus casas y mediante el uso de la fuerza a los técnicos electricistas para que atiendan emergencias es un delito que no debe permitirse, advirtieron.

Por separado, el diputado federal y líder de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) Francisco Hernández Juárez calificó al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, de mañoso y mentiroso. Explicó que recibió una llamada telefónica del funcionario, quien le cuestionó que apoyara a Martín Esparza, cuando éste había hablado mal de mí.

Señaló que diputados de varias corrientes esperan sacar adelante el acuerdo para interponer la controversia constitucional contra el decreto que determina la liquidación de LFC.

En el PRD se informó que de un análisis realizado por Hernández Juárez se desprende que hay inconsistencias e irregularidades en el decreto de extinción de LFC, además de violaciones a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo, como la ausencia de un dictamen de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para terminar la relación laboral.

Durante la sesión en San Lázaro el presidente de la Comisión de Presupuesto, el priísta Luis Videgaray, propuso que Hacienda explique cómo afectará la extinción de LFC el paquete económico enviado por el Ejecutivo el 8 de septiembre pasado, donde se consideraba la existencia de la empresa en 2010. Sin discusión, la comisión aprobó la propuesta.

Acerca de la denuncia del SME de que algunos trabajadores han sido obligados por la Policía Federal a colaborar con la Comisión Federal de Electricidad en el suministro de energía eléctrica, el presidente del Senado, el perredista Carlos Navarrete, sostuvo que hay un ambiente de crispación por haber echado a la calle a 42 mil trabajadores y, de persistir en presiones indebidas, puede desbordarse la inconformidad social.

El perredista Arturo Núñez señaló que Calderón sigue actuando como un delincuente que se ampara en la oscuridad para cometer ilícitos, y demuestra que actuaron de forma precipitada, pues carecen del personal necesario para situaciones imprevistas y para prestar el servicio de electricidad en el centro del país.

El senador priísta Francisco Arroyo calificó de preocupante la acusación del SME y dijo que si se comprueba, debe denunciarlo ante las autoridades competentes. El coordinador del PT, Ricardo Monreal, señaló que Calderón actúa como un hampón, sin tomar en cuenta la irritación que existe entre la ciudadanía por el golpe al SME, lo que se agrava con la pretensión de obligar a los sindicalizados a colaborar en la empresa de la que fueron despedidos.