Los defensores de derechos humanos en México trabajan en condiciones de riesgo y en un estado general de indefensión y desprotección, advierte la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Asimismo –señala–, son víctimas de amenazas, actos de hostigamiento, injerencias arbitrarias, uso discrecional del sistema penal e inclusive violaciones a sus derechos a la vida, la integridad, libertad y seguridad personal, debido a sus actividades.

Al presentar el informe Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo, Alberto Brunori, representante en México de la OACNUDH, indicó que de enero de 2006 a agosto de 2009 esa instancia documentó 128 casos de agresiones contra activistas, 10 de los cuales fueron homicidios, y de éstos, 98.5 por ciento permanece en la impunidad.

Sobre el proceso de designación del próximo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Brunori indicó que el Senado debe elegir a alguien que sea imparcial y reconocido por el movimiento de defensa de las garantías individuales, que tenga el respaldo de la sociedad y conozca sobre el tema. Se pronunció por un proceso transparente y abierto a la ciudadanía.

El reporte del organismo de la ONU registra actos de agresión y obstrucción de la labor de los activistas en 19 entidades del país. Asienta que en 54 por ciento de los casos fue imposible identificar a los perpetradores de los abusos, y en el resto destaca la participación de autoridades –sobre todo locales– de procuración y administración de justicia, así como de personas vinculadas a la delincuencia organizada que presuntamente actúan con la aquiescencia o tolerancia de las autoridades.

Una de las agresiones contra los activistas –señala– es el uso del sistema penal en su contra. En 26 casos fueron acusados de presunto despojo, daño en propiedad ajena, sabotaje, ataque a las vías generales de comunicacación, secuestro e inclusive homicidio, revela el informe.

La OACNUDH reporta que Oaxaca y el Distrito Federal son las entidades donde más en riesgo están los defensores de derechos, aunque aclaró que en la capital del país los abusos no se presentan precisamente en su territorio, sino que, como allí se ubica un importante número de organizaciones sociales nacionales, éstas atienden casos de otros estados de donde proceden las agresiones.

Señala que Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Coahuila, estado de México, Nuevo León, Puebla, Morelos, San Luis Potosí y Michoacán son entidades en las que ocurrió un número importante de ataques contra activistas.