El ex presidente Vicente Fox; Eduardo Medina Mora, ex secretario de Seguridad Pública Federal, y quien fuera secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, son responsables de la violación grave de garantías ocurrida en Oaxaca en 2006 por ser omisos y no cumplir con su obligación constitucional de apoyar oportunamente al gobierno local para superar el conflicto social que se vivía en esa entidad.

Consideraron lo anterior los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José de Jesús Gudiño Pelayo, José Ramón Cossío y Genaro Góngora Pimentel al iniciar ayer la discusión sobre el caso Oaxaca. Gudiño también responsabilizó al presidente Felipe Calderón; a su primer secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y a Medina Mora, en su calidad de procurador general de la República (PGR), porque los hechos se prolongaron después del relevo presidencial.

Ante un salón de plenos vacío, al que sólo se permitió la entrada de una comisión de cuatro integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y un fuerte operativo policiaco en el exterior que vigilaba un mitin que realizaron organizaciones que exigen justicia, ayer cinco magistrados –incluido el ministro instructor Mariano Azuela– fijaron su postura en torno al proyecto, cada uno exponiendo su propio matiz.

Azuela y su postura

De entrada, llamó la atención que al presentar su proyecto, Azuela señalara que no iba a responder a los que no estuvieran de acuerdo con su propuesta y que si la mayoría lo rechazaba, entonces lo mantendría como voto particular. Esto, de acuerdo con ministros consultados, podría significar que hay una tendencia mayoritaria contraria a la exoneración del gobernador oaxaqueño y las autoridades federales como lo plantea su dictamen.

Góngora Pimentel arremetió contra el gobernador Ulises Ruiz por actuar con desinterés, no estar a la altura de la problemática de fondo ni de la gravedad de la situación y porque cuando la situación se desbordó en julio de 2006, “desapareció de las negociaciones –con los inconformes–, eludiendo su responsabilidad del cargo para el que fue electo, lo que derivó después en la violación grave de los derechos fundamentales”.

Cossío y Gudiño pusieron énfasis en que el gobierno de Fox no cumplió con su obligación de apoyar al gobierno de Oaxaca, cuyos cuerpos policiacos habían sido rebasados por el movimiento social, permitiendo la instalación de barricadas, bloqueo de calles, toma de edificios públicos y privados, cancelación de clases, entre otras garantías violadas.

Al gobierno federal se le pidió apoyo en reiteradas ocasiones y durante varios meses que fueron cruciales para que la situación de caos y violencia fueran degradándose cada vez más, subrayó Gudiño, quien añadió “meses de insistencia –tanto del Ejecutivo estatal como del Congreso local–, pérdidas humanas y daños tuvieron que suceder para que la Policía Federal Preventiva apoyara al estado de Oaxaca”, Esto, a pesar de que las autoridades locales estaban superadas por la situación, no sólo en cuanto a la seguridad pública, sino en cuanto a las demandas sociales y reivindicaciones del movimiento social.

Subrayó que la Federación no puede ver cómo se desmoronan las cosas, no puede asumir una posición pasiva ni poco activa cuando las cosas están así. No puede intervenir hasta que le supliquen y le rueguen.

El gobierno debe actuar cuando es necesario y con la debida coordinación cuando las cosas son controlables. Aquí todo fue muy a destiempo.

Al igual que Cossío, Gudiño indicó que el artículo 119 constitucional refiere que los poderes de la Unión deben proteger a los estados en caso de trastornos internos y prestarles protección cuando su apoyo es requerido por el Ejecutivo o congreso locales.

Por qué sí Atenco y no Oaxaca, cuestionó al referirse a la rapidez con la que el gobierno federal acudió en apoyo de las autoridades del estado de México. Desde el 13 de junio de 2006, el gobernador Ruiz pidió el auxilio federal, el 14 de septiembre (2006) el Congreso, pero el apoyo llegó hasta el 28 de octubre, aseveró.

La voz discordante fue la del ministro Sergio Aguirre Anguiano: para él no hubo violación grave de garantías individuales –el proyecto de Azuela sí establece dichas violaciones pero exonera al gobernador y a las autoridades federales.

Acusó a los integrantes de la APPO de ser subversivos, de intentar establecer un gobierno popular, de contar entre sus filas con asesores extranjeros y de que algunos de sus dirigentes son guerrilleros.

Aguirre leyó una parte del informe elaborado por la comisión investigadora que integraron los magistrados Manuel Baraibar Constantino y Roberto Lara Hernández, en el que no se precisaba la fuente de información.

Y aunque dijo que los subversivos son sere humanos en pleno ejercicio de sus garantías, en su discurso no dejó de señalarlos como los responsables de la violencia que ocurrió en la entidad.

Faltando al compromiso que hicieron al principio de la sesión de que se centrarían en el análisis del proyecto, Aguirre arremetió también contra Cossío, lo que le valió una airada respuesta de éste.