El gobierno federal preparó una estructura para que los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) cobren su liquidación a partir de este miércoles.

Los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) reciben por todos los frentes información acerca de los supuestos beneficios que les traería aceptar el finiquito y la compensación adicional, en caso de gestionar su indemnización antes del 14 de noviembre.

Algunos afiliados al SME relatan su historia personal, luego que fueron despedidos el primer minuto del domingo pasado, tras el decreto presidencial que determinó la extinción de LFC.

Todos hablan de la incertidumbre por el salario perdido, porque se afectó a familias completas que laboraban en el organismo. No aceptaremos la liquidación. Resistiremos, aseguran.

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José, trabajador de la subestación Tulancingo, Hidalgo, viajó ayer al Distrito Federal para sumarse a la lucha. De pie, a un costado del Monumento a la Revolución, como muchos, espera instrucciones. No vamos a aceptar la liquidación, afirma.

Es medio día y el sol pega fuerte. No se decide a comprar un cigarro al vendedor ambulante que se lo ofrece: sólo le queda en el bolsillo un billete de 50 pesos. Él, como miles de los que ocupan los puestos más bajos en LFC, debía cobrar hoy su raya semanal. Es lo que me queda, dice al tiempo que desenrolla el billete con la imagen de Morelos.

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Omar tiene cinco años de antigüedad en la empresa, es ayudante en el área de construcción civil; o sea, albañil. Hacemos excavaciones con palas y picos rotos. Es casado, tiene una hija y ganaba mil 300 pesos a la semana. Los martes era día de cobro y daba el gasto. Ahora piensa qué cosa puede vender para subsistir la tele, la cámara de fotos.

–¿Vas a cobrar tu liquidación? Las pagan mañana –se le plantea.

–¡Nooo! ¡Lo que hizo el gobierno fue un robo, un sabotaje! Ya no traemos lana, pero aquí entre todos nos vamos a apoyar, de a peso, de a 10 pesos. Verá, somos un sindicato solidario. Construcción siempre se la ha rifado.

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Felipe, carpintero de construcción civil con 11 años de antigüedad y un salario semanal de mil 200 pesos, lamenta: Descuentan mucho de impuestos. Debe un préstamo personal de 50 mil pesos y tiene otro crédito de línea blanca. ¿Los hijos? Cuatro: dos están en secundaria y uno en preparatoria. Estamos en LFC por el beneficio del IMSS y para que algún día lleguemos a viejos con jubilación, ¿eso es mucho pedir?, expresa.

–¿Va a cobrar su liquidación?

–¡No, cómo cree! Lo que nos hicieron es una canallada.

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Juan, transmisor de operación en ciudad: Con el decreto me están quitando mi alimento, la comida de mi familia, la educación de mis hijos. Vengo de volantear en el Metro y fui a ver compañeros enfermos en la clínica 26. ¿Qué les decimos a ellos, lisiados, quemados, a quienes no tienen ni dónde ir a continuar su trámite para que les den la incapacidad permanente? ¿Y los compañeros que están en tratamiento?, ¿o sus esposas con cáncer? ¿Qué les decimos?

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Carmen, empleada de la contraloría general en las oficinas centrales de LFC, tiene 21 años de antigüedad y tres hijos que mantener. Se lleva las manos a la cara y mueve la cabeza en señal de desaprobación: Ni quiero hacer el cálculo de cuánto me darían de indemnización. Ver el Internet (el monto) es debilitar al movimiento.

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Rocío es jubilada, pero no cobrará su catorcena en solidaridad con sus compañeros. Sentada en las escalinatas de un hotel ubicado cerca de LFC, corta volantes con una navaja. ¿Qué chingados quiere el gobierno? ¿Que ahora nos ganemos la vida de secuestradores, de asesinos o vendiéndonos en uno de éstos?, expresa y señala la puerta del hotel. Dice (César) Nava (líder del PAN) que esto es un logro histórico. ¡A la chingada! A lo que nos están orillando es a resistir.