La liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC) polarizó ayer el debate en el Senado, ya que las fracciones de PAN y Verde Ecologista respaldaron la postura gubernamental, en tanto que las de PRD, PT y Convergencia advirtieron que Felipe Calderón violentó la Constitución y puso en marcha una campaña de desprestigio y acciones de tipo fascista para acabar con un gremio combativo, como es el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), a fin de avanzar en la privatización de la electricidad.

A su vez, el grupo parlamentario del PRI consideró apegado a derecho el decreto de Calderón y, en entrevista, Manlio Fabio Beltrones dijo que no apoyarán la presentación de una controversia constitucional, pero se mantendrán atentos a que haya transparencia en todo el proceso de liquidación de Luz y Fuerza, para evitar las tentaciones privatizadoras que asisten a buena parte de los integrantes de este gobierno.

Beltrones recalcó que las intenciones privatizadoras en torno a la energía eléctrica son muy similares a las que se dieron hace pocos meses en el caso del petróleo, y por ello no van a permitir la opacidad.

Denunció que en su afán recaudador el gobierno calderonista incluyó en la ley de ingresos recursos por más de 20 mil millones de pesos, que pretenden obtener por la venta a un particular de la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En el caso de Luz y Fuerza es la misma opacidad con que se ha manejado la fibra óptica, hecho al que se opone el PRI, ya que lo más conveniente es que esa red, que se puede usar para brindar servicios de telecomunicaciones, quede en manos del Estado para rentarla a empresas de transmisión de datos, de voz y de imágenes, evitando la conformación de un nuevo monopolio.

Durante la sesión, el panista Rubén Camarillo y el senador del Verde Javier Orozco Gómez repitieron los argumentos contenidos en el decreto de liquidación e insistieron en que Luz y Fuerza es una empresa ineficiente, que requería un subsidio de más de 40 mil millones de pesos, que tiene 22 mil 650 jubilados y por ello un pasivo laboral de 240 mil millones. Abundaron en la ineficiencia y dispendio de recursos en LFC.

El coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, recalcó que se trató de un asalto a la Constitución y a la legislación laboral, ya que antes de que se publicara el decreto presidencial, Calderón ordenó la ocupación policiaca de las instalaciones de Luz y Fuerza. Advirtió que el Partido del Trabajo no será cómplice de los métodos fascistas y totalitarios empleados contra el SME. Están prendiendo el cerillo a la hoguera, advirtió.

A su vez, el senador Dante Delgado, de Convergencia, planteó que el Congreso debe iniciar juicio político a los secretarios de Estado y demás servidores públicos que suscribieron el ilegal decreto de Calderón.

La fracción del PRD, por conducto del senador Graco Ramírez, deploró los ataques contra el SME y que se escandalicen cuando una empresa pública tiene dificultades financieras y linchan a los trabajadores que luchan por sus demandas y prestaciones, pero aplauden el rescate de quebrantos privados.

Con Luz y Fuerza, dijo, se usó la estrategia neoliberal de descapitalízalas, endéudalas, desprestígialas y véndelas. Les quitaron primero la generación de electricidad, los convirtieron en maquiladores, CFE les vende la energía a 68 centavos y ellos deben venderla a 32 y subsidiar a los industriales, y todavía la acusan de ineficiente y de poco productiva, dijo.

Ramírez Garrido Abreu pidió que se recuerde que fue el SME el que electrificó poblados y colonias pobres, el que levantó el servicio de electricidad al otro día del sismo de 1985, el que siguió la lucha de la Tendencia Democrática de Rafael Galván. Advirtió que el PRD no va a permitir que se profundice la privatización de Luz y Fuerza.

Ante el pleno de Xicoténcatl, se manifestó por una salida legal al conflicto. Se equivocan, dijo el senador morelense, quienes le apuestan al enfrentamiento, a las venciditas.

La senadora de Nueva Alianza Irma Martínez, integrante del sindicato magisterial, rechazó también las medidas unilaterales y de fuerza aplicadas contra los trabajadores del SME. Llama a sospechas la forma en que el gobierno decidió la liquidación de la paraestatal.