Ramsés Villarreal Gómez, el egresado de la carrera de sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana contra quien la Procuraduría General de la República (PGR) no pudo demostrar su presunta responsabilidad en las explosiones de siete artefactos que estallaron en sucursales bancarias en el Distrito Federal durante septiembre, presentó ayer una denuncia penal en contra de los funcionarios de esa dependencia que ordenaron su arresto, contra los policías que lo detuvieron y los agentes ministeriales que lo interrogaron el pasado 30 de septiembre. Los acusa de haberlo torturado sicológicamente durante diez horas.

En conferencia de prensa, previa a que presentara su querella en la PGR, Villarreal Gómez aseguró que su caso es emblemático, porque ejemplifica la determinación del gobierno calderonista de criminalizar la protesta social.

Ayer, una semana después de que salió del Reclusorio Sur, donde permaneció 20 horas preso, el joven de 27 años de edad aseguró que sigue siendo hostigado por supuestos agentes federales.

Han seguido acudiendo a mi casa para tratar de intimidarme, pero aun así he decido denunciar a los funcionarios que me torturaron sicológicamente, indicó sin proporcionar los nombres de los servidores públicos a los que señala en su querella.   

En 1991, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el Poder Legislativo aprobó la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, que en su artículo tercero indica: comete el delito de tortura el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o síquicos, con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada.