El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inicia hoy la discusión sobre el caso Oaxaca. Fuentes judiciales señalaron que la mayoría de los ministros coinciden en la existencia de violaciones graves a las garantías individuales, pero tienen opiniones divididas en torno al proyecto de dictamen que exculpa al gobernador de la entidad, Ulises Ruiz, y al ex presidente Vicente Fox.

Los funcionarios indicaron que se espera un debate intenso y una votación cerrada, y que al menos cuatro de los 11 ministros no comparten la idea del ministro instructor, Mariano Azuela, quien responsabiliza a los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) de ser los causantes de que el conflicto se alargara y con ello se afectara la tranquilidad de la ciudad de Oaxaca y zona conurbada, de enero de 2006 a octubre de 2007.

Trascendió que los ministros que no comparten el dictamen cuestionan que tampoco se señale directamente a los mandos policiacos federales y estatales que permitieron el uso excesivo de la fuerza pública, el exceso de represión de los inconformes, tortura, violencia, detenciones arbitrarias y mala planeación de los operativos.

Funcionarios consultados explicaron que en el caso del gobernador y del ex presidente hay integrantes del pleno que sostienen que sí incurrieron en omisión absoluta, no sólo porque no actuaron a tiempo para atender las demandas sociales de los maestros de la sección 22, sino también porque ninguno de los policías que agredieron a los manifestantes y a ciudadanos externos al problema ha sido consignado penalmente.

Sólo un reproche al gobernador

En este contexto se dijo que uno de los temas que generarán más polémica en el pleno es que el proyecto únicamente reprocha al gobernador no contar con una policía eficaz y capaz. Pero lo exculpa de responsabilidad mayor, al destacar que Oaxaca es una de las entidades más pobres y marginadas del país y que no cuenta con recursos suficientes para mejorar sus cuerpos policiacos.

Algunos ministros consideran que no basta con reprochar al mandatario; debe haber, opinan, un señalamiento expreso de que incurrió en omisiones graves que dejaron crecer el conflicto, además del uso excesivo de la fuerza.

Causó controversia entre los ministros, trascendió, que el dictamen señale que la entonces Policía Federal Preventiva –cuyo jefe era el ahora diputado federal Ardelio Vargas Fosado– no entregó la información requerida por la comisión investigadora de la Corte sobre el número de operativos que realizó la dependencia en la entidad; tampoco dio cuenta del nombre y número de policías militares comisionados que integraron la corporación federal.

Además, que la Secretaría de Seguridad Pública federal haya sido omisa en reportar a la Corte sobre la forma como se realizó el envío irregular de 83 integrantes de la APPO a un penal federal de Nayarit.

A pesar de estas críticas, Azuela no hace señalamiento alguno a la autoridad federal sobre estas irregularidades, lo que causó inconformidad entre los ministros que no comparten el sentido del proyecto.

En cambio, el proyecto de dictamen de Mariano Azuela hace referencias explícitas a la actitud beligerante de los manifestantes, a que provocaron matices de rebelión e incluso quisieron derrocar poderes constituidos, lo cual lesionó gravemente garantías individuales de la población como el derecho a la vida (con la muerte de 12 personas durante el conflicto), derecho a la integridad personal, así como la violación a las garantías a la libertad, de trabajo, de pensamiento y expresión, además del derecho a la educación, por la suspensión de clases.