uego del asalto a las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), y de la forma subrepticia en que el gobierno federal decretó la extinción de la paraestatal, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, ensayó anoche un intento de justificación, durante un mensaje en cadena nacional en el que recurrió a argumentos demagógicos (equiparó los recursos absorbidos por la empresa con el gasto que destinamos al combate a la pobreza a través del programa Oportunidades) y al chantaje (señaló que para seguir manteniendo a la empresa hubiera sido necesario subir desproporcionadamente las tarifas eléctricas o aumentar constantemente los impuestos). Además insistió en rechazar que con la liquidación de LFC el servicio de luz vaya a privatizarse, y manifestó un insospechado interés en los trabajadores afectados, a los que ofreció respetar plenamente todos sus derechos y prestaciones.

Tales alegatos no alcanzan para ocultar el carácter real de una medida que contravino toda corrección posible en las formas y que resulta además, a decir de distintos especialistas, violatoria de la Carta Magna por cuanto pasa por alto los derechos exclusivos del Congreso de la Unión.

Si hubiese una voluntad efectiva de la actual administración por otorgar un servicio de electricidad moderno y eficaz, como señaló ayer Calderón, habría sido necesario poner fin a la política de abandono presupuestario a que la compañía ha sido sometida en las recientes administraciones. Si es verdad que la empresa era financieramente inviable, como asegura Calderón, lo deseable y procedente habría sido poner en marcha medidas de rescate similares a las que el grupo en el poder ha emprendido, en sexenios anteriores, para salvar a los capitales privados que han ido a la quiebra como resultado de su propia ineficiencia. Destinar grandes sumas de dinero al rescate de particulares y no del patrimonio público dice mucho del talante oligárquico y antipopular del grupo gobernante.

El mensaje emitido ayer por Calderón es una continuación de la estrategia de engaño puesta en marcha por el gobierno federal con el fin de confundir, desinformar y distraer a la opinión pública y avanzar sustancialmente en el desmantelamiento y la privatización de la industria eléctrica propiedad de la nación. Este proceso se encuentra en marcha desde hace años: se inició durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari con las modificaciones a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, en 1992, que permitieron otorgar permisos a empresas trasnacionales para que participaran en la industria eléctrica nacional; continuó con las presidencias de Ernesto Zedillo y Vicente Fox con la creación y consolidación del esquema de Pidiregas, como forma de suplir la participación estatal en las tareas de inversión en infraestructura del sector energético, y podría seguir nuevas vertientes en el actual ciclo de gobierno, como señaló ayer mismo el dirigente del SME, Martín Esparza, al afirmar que detrás de la liquidación de LFC se halla la intención de garantizar a particulares el usufructo de la red de fibra óptica a través de la estructura de ese organismo.

Para la consolidación de este proyecto, el gobierno federal apuesta a profundizar la división interna del SME, como demuestra el anuncio, por vía del titular de Hacienda, Agustín Carstens, de que ofrecerá compensaciones mayores a las que marcan la ley y el contrato colectivo de trabajo a todo aquel trabajador que acuda a recibir su liquidación antes del 14 de noviembre próximo.

No obstante, ante la negativa de la dirigencia gremial a recibir las indemnizaciones referidas, y ante el refrendo de la unidad gremial que protagonizaron ayer las fracciones antagónicas del SME, se abre la perspectiva de que en días próximos el país asista a la configuración de nuevas manifestaciones de inconformidad y descontento. De ser así, el calderonismo podría estar contribuyendo a exacerbar el encono social de manera por demás acelerada, irresponsable y riesgosa.