l gobierno federal declaró la guerra a los trabajadores electricistas. Violentando la legalidad, armados con toletes y escudos, integrantes de la Policía Federal y del Ejército asaltaron las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. No contento con provocar un conflicto de proporciones mayúsculas en la industria minero-metalúrgica, el Ejecutivo emprendió, a través del clásico sabadazo, una ofensiva frontal contra dichos trabajadores.

Pero Felipe Calderón no la tiene fácil en su nueva aventura bélica. El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) no está manco: cuenta con muchos recursos para enfrentar el desafío gubernamental, a pesar de su disidencia interna y de la campaña mediática en su contra.

El SME es un organismo gremial con gran experiencia de lucha, tradición y memoria histórica. Nacido en 1914 después de diversos intentos de organización, es el sindicato industrial más antiguo de México. Su presencia nacional es relevante.

A lo largo de sus casi 95 años de existencia ha estado presente en muchas de las más importantes jornadas de lucha de los trabajadores mexicanos. En 1936 impulsó activamente la formación del Comité Nacional de Defensa Proletaria, y fundó y luego abandonó la CTM. Impulsó la nacionalización de la industria eléctrica y ha rechazado los intentos de privatizarla, porque estima que atenta contra la soberanía y el desarrollo nacional. En 1983 se opuso a que el IVA se aplicara a las tarifas domésticas de energía eléctrica.

Ha participado en tres huelgas. En 1916 encabezó la huelga general que exigió el pago en oro de los salarios, para garantizar el valor real del ingreso de obreros y campesinos. Sobrevivió a la salvaje represión del gobierno de Venustiano Carranza y efectuó una huelga victoriosa.

La corriente eléctrica fue suspendida en 1936 en la ciudad de México y zonas circunvecinas, con excepción de los hospitales, alumbrados y servicios esenciales. La empresa aceptó las demandas sindicales para un nuevo contrato. El SME obtuvo una importante victoria para el movimiento obrero: el contrato conquistado sirvió de precedente para otros sindicatos.

En 1987 paró actividades exigiendo aumento salarial y la suspensión al pago de la deuda externa con el fin de destinar recursos en favor de la recuperación de los salarios, así como un cambio en la política económica. Seis días más tarde, después de que las autoridades laborales resolvieron que su movimiento era legalmente inexistente, sus miembros regresaron a laborar sin conseguir aumento salarial.

El SME es un caso excepcional en el movimiento laboral mexicano. Su vida interna es vital y democrática. Hay procesos electorales continuos. La mayoría de sus integrantes participan en las grandes decisiones gremiales y eligen a sus dirigentes a los diferentes órganos de gobierno por voto universal, directo y secreto. Su dirección sindical se renueva cada dos años en dos partes y en años diferentes. Por lo menos dos veces al año se efectúan asambleas generales. El referéndum o plebiscito son mecanismos de decisión normal en la toma de decisiones internas. La huelga debe ser decidida mediante el plebiscito y la negociación del contrato colectivo requiere ser ratificada en asamblea general extraordinaria.

La relación entre dirigentes y bases es estrecha. Continuamente se realizan elecciones de delegados departamentales, de integrantes del comité central, de comisiones autónomas de justicia y hacienda, de comités de huelga y de comisiones revisoras. Dentro del sindicato coexisten diversas corrientes que discrepan entre sí. La alternancia en los puestos de gobierno entre ellas es real. Tan sólo en dos ocasiones (1999 y 2001) se han postulado planillas únicas para dirigir al gremio.

El SME combina la presión laboral con la negociación política, la movilización en la calle con amplias alianzas. Su lucha busca conservar la materia de trabajo, la titularidad del contrato colectivo y a la empresa misma.

Durante muchos años el SME defendió una alianza crítica con el Estado, presionándolo y apoyándolo simultáneamente, sin dejar de criticarlo. Como lo ha señalado Enrique de la Garza, desde la lógica de su propuesta política los problemas del sindicato y los de la nación se resuelven, en última instancia, en la reorientación de las políticas estatales. Entre muchos de sus agremiados el nacionalismo revolucionario es una ideología viva.

Para el sindicato, Luz y Fuerza del Centro debe ser una empresa pública de carácter social. De allí que se oponga tanto al contratismo como a la privatización. La consigna la patria no se vende, se defiende, coreada una y otra vez en sus marchas, da cuenta de la fuerza de esta convicción.

La dirección sindical ha apoyado a los candidatos priístas a la Presidencia de la República en diversas elecciones. El proyecto de modernización del movimiento obrero impulsado por Carlos Salinas de Gortari tuvo en este gremio uno de sus principales interlocutores. Sin embargo, sin descuidar la relación con importantes sectores del tricolor, en los últimos años ha privilegiado la alianza con el Partido de la Revolución Democrática y con Andrés Manuel López Obrador.

Es notable, también, la gran cantidad de pactos gremiales y de apoyo con la lucha de otros sectores sociales, que el sindicato ha establecido en los últimos años. A través de iniciativas como los Diálogos Nacionales, ha procurado dar forma organizada al descontento popular.

El asalto policiaco y militar contra los trabajadores electricistas es un grave retroceso en la precaria vida democrática del país. Provoca un fenomenal cortocircuito. Establece un precedente nefasto. Pretender resolver por medio de la violencia un conflicto creado por el mismo gobierno nos retrae a las más negras etapas del autoritarismo. A tres años de gobierno, el desgaste de Felipe Calderón es severo. Su última aventura laboral lo profundizará aún más.