Empresas trasnacionales que pugnan por la siembra experimental de maíz transgénico en el país, ya despliegan una de las estrategias que han utilizado en Estados Unidos y Canadá que les ha rendido frutos, denunció Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable de Greenpeace. De acuerdo con la ambientalista, la táctica consiste en colocar en puestos clave de los gobiernos a sus ex empleados de confianza, en este caso serían de Dupont y Agrobio.

En entrevista, Lara detalló que la utilización en México de esta estrategia denominada puerta giratoria tiene como finalidad lograr la autorización de los 31 permisos existentes de siembra experimental de maíz transgénico, y aseguró que para ello cuentan con la complicidad del gobierno.

Esto fue negado por Fabrice Salamanca, presidente ejecutivo y director general de Agrobio México. Precisó que las dos personas a las que se refiere Greenpeace no cuentan actualmente con lazos en esas empresas, además de que, agregó, ocupan cargos que no tienen nada que ver con la eventual aprobación de los permisos, así que no hay conflicto de interés y la acusación carece de cualquier sustento.

Sin embargo, Lara detalló que una de las ahora funcionarias que han trabajado con las empresas es “Sandra Patricia Piña Salinas, quien laboró en 2005 como coordinadora técnica de Agrobio México –asociación encargada de defender los intereses comerciales de empresas como Monsanto, Pioneer, Bayer y Dow Agroscience– y en 2006 se desempeñó como gerente de negociaciones internacionales de Agrobio”. De acuerdo con Greenpace, ahora Piña trabaja en la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), en la Dirección de Políticas y Normatividad.

Agregó que la otra es la ingeniera Silvia Elena Rojas Villegas, actual directora de Bioseguridad para Organismos Genéticamente Modificados de la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). Y añadió que Rojas prestó sus servicios en PHI México, que pertenece al corporativo DuPont.

Por su parte, Salamanca reconoció que ambas personas laboraron en empresas que promueven el cultivo de dichos granos transgénicos, pero negó que mantengan una relación actual.

En el caso de Silvia sí trabajó, pero hace mas de tres años en una de las empresas, y de hecho antes de eso trabajó en el gobierno federal, en la Secretaría de Agricultura. Pero dejó hace mucho tiempo de laborar para la compañía, ya no tiene relación con ella. Y Sandra Piña ahora trabaja en la secretaría ejecutiva de la Cibiogem, pero no está a cargo de nada que tenga que ver con los permisos; su labor es de coordinación en la secretaría ejecutiva de la Cibiogem, y en esta instancia ni reciben los permisos de liberación ni los procesan. Eso lo ve la Semarnat con la opinión del INE y de la Conabio.

Lara consideró que haber optado por esta estrategia indica que las empresas están desesperadas, pues hay una fuerte oposición a la siembra experimental, entonces ellos le quieren dar celeridad al asunto. Indicó que la industria ya aplicó en México la primera de sus tácticas, que es la contaminación, pero ahora ya fueron por la segunda.