La discusión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Oaxaca se centrará en determinar si el gobernador Ulises Ruiz y el gobierno de Vicente Fox incurrieron en omisión absoluta al abstenerse de actuar para resolver el conflicto social en esa entidad en 2006 y 2007.

Trascendió que hay ministros que votarán en contra del proyecto elaborado por Mariano Azuela Güitrón, que exonera de toda responsabilidad a esas autoridades de la violación grave de garantías.

Es absurdo, comentaron fuentes judiciales, que el dictamen se limite a reprocharle al gobernador Ruiz el hecho de no contar con una fuerza pública eficiente y capaz de disuadir, por sí misma, el surgimiento de conflictos sociales, aun cuando prácticamente desapareció el estado de derecho.

No obstante, el documento argumenta en favor de Ulises Ruiz que éste “tenía poco tiempo de haber asumido el cargo (casi un año), que durante las negociaciones planteó, junto con el gobierno federal, vías y propuestas idóneas, que Oaxaca es un estado pobre y que más de 80 por ciento de sus ingresos proviene de la Federación, por lo que no cuenta con los recursos suficientes para tener una policía capacitada y eficaz.

Los funcionarios judiciales cuestionaron: “entonces, ¿hubo o no omisión del gobernador?

Responsable de los excesos

Para algunos ministros, trascendió, sí la hubo. Hay quienes afirman que Ruiz Ortiz también es responsable de los excesos en que incurrieron los policías locales y municipales, mientras que las autoridades federales lo son de las violaciones a las garantías individuales cometidas por los agentes de ese ámbito durante el desalojo del zócalo de la capital estatal, en cateos y en el traslado de presos a Nayarit.

Cuestionan que, a diferencia del caso Atenco, el dictamen de Azuela no precisa la cadena de mando de las corporaciones policiacas ni establece la responsabilidad de los jefes operativos y superiores en las golpizas.

Otro punto central del debate que iniciará el próximo martes es que Azuela señala a particulares de ser los responsables de violar gravemente las garantías individuales de los oaxaqueños, al haber realizado marchas, plantones y responder violentamente a las acciones de las autoridades.

No todos los ministros están convencidos de que los particulares violen derechos humanos. Los particulares cometen delitos, pero no violan garantías individuales, sostienen.